La Audiencia de Sevilla ha negado la nulidad del "caso Camas" por el intento de soborno con 12.000 euros a una ex concejal pues el juez de instrucción 2 de Sevilla no dejó a los acusados en indefensión y valoró correctamente la verosimilitud de las pruebas.
Fuentes judiciales han informado hoy a Efe de que la Sección Tercera ha rechazado la primera petición de nulidad presentada por los abogados de algunos de los cinco acusados, referido al auto de transformación de las diligencias previas en un procedimiento ante el tribunal del jurado.
Los acusados son el ex alcalde de Camas Agustín Pavón (IU), los ex concejales del PP Antonio Enrique Fraile y Aureliano Lucas, el ex concejal del PA José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño, para los que el fiscal ha pedido un año y medio de cárcel por intentar comprar el voto de la ex concejal de IU Carmen Lobo en un pleno de 2005.
Tras este primer auto, que será notificado a las partes la próxima semana, la Audiencia debe resolver sobre la nulidad de las escuchas telefónicas a los imputados y sobre la vulneración de su presunción de inocencia, asuntos que ya fueron debatidos en una vista celebrada en febrero pasado, y además debe fijar fecha para otra vista en la que los defensores pedirán la práctica de nuevas pruebas denegadas en la fase de instrucción.
Durante la vista, los abogados de los acusados insistieron en que el "caso Camas" fue una "trama-trampa" y un caso claro de "inducción al delito" por parte del denunciante en este caso, el militante de IU en Camas Francisco Javier Gordo.
Los defensores habían argumentado que el auto judicial que remitió el enjuiciamiento del caso a un jurado popular adolecía de "falta de concreción del hecho imputado" y se basó en indicios "absurdos".
Además, pidieron la nulidad de las escuchas telefónicas porque, a su juicio, no existía el presunto "delito grave" que exige la jurisprudencia, porque el juez no motivó su autorización y posteriormente tampoco controló la medida ni recibió de la Policía las cintas originales.
Pese a que aún están pendientes estos recursos de la fase de instrucción, la Fiscalía de Sevilla ya ha calificado el caso y ha pedido para cada acusado un año y medio de cárcel porque considera probado que pretendieron sobornar a la ex concejal de IU para que votara a favor de un cambio de calificación de unos terrenos, en un pleno municipal de 2005.
Junto a la Fiscalía, en el caso están personados como acusación el PSOE y la edil Carmen Lobo, a la que presuntamente pretendían sobornar.
