La Audiencia impone por error fianza al exinterventor de la Junta

En un auto ordena a Alaya que rectifique, pese a que el fiscal no pidió ninguna medida

el 21 ene 2014 / 13:35 h.

La juez Mercedes Alaya. La juez Mercedes Alaya. Los errores en la investigación por las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) comienzan ya a ser habituales. Si en otras ocasiones ha sido la jueza Mercedes Alaya, no sólo en esta causa también en otras como la de Mercasevilla, ahora también se suma la Audiencia Provincial de Sevilla pues ayer ordenó por error a la magistrada que imponga fianza al exinterventor de la Junta y a un técnico alegando que así se lo había pedido la Fiscalía Anticorrupción, cuando el fiscal nunca solicitó que se les impusiera medidas a ambos imputados. No es la primera vez que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial rectifica una decisión de la instructora del caso de los ERE, aunque esta vez ese afán corrector se ha traducido en un error, que el Ministerio Fiscal ya ha solicitado que sea aclarado. Y es que en el auto dictado ayer, los magistrados ordenan a la jueza que imponga medidas cautelares al exinterventor de la Junta Manuel Gómez; a un extécnico de la Dirección General de Trabajo y y exdirector de finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois; y la también extécnico de la misma dirección María José Rofa. La decisión se producía después de un recurso del fiscal, en el que realmente sólo pedía la imposición de fianza de Rofa. Es más, expresamente en su escrito, consultado por este periódico, la Fiscalía indicaba que “no interesa la adopción de medidas cautelares de naturaleza real con respecto a estos dos imputados”. El propio Gómez, tras conocer la decisión de la Sección Séptima, quiso aclarar que la Fiscalía “solicitó en su recurso, exclusiva y literalmente, que se deje sin efecto únicamente el pronunciamiento relativo a la imputada María José Rofa”. Gómez recuerda que si su defensa no presentó alegaciones al recurso del fiscal, como destaca el auto de la Audiencia, fue porque “el juzgado no me dio traslado del mismo”, ya que a la única persona afectada era a Rafo. Por último, destaca que su abogado está estudiando la resolución por si “es preciso adoptar alguna actuación procesal en defensa de mi derecho”. El auto de la Audiencia, revoca otro de Alaya de fecha 17 de septiembre en el que alegaba que no se imponía medida alguna porque nadie lo había reclamado, pero los magistrados entienden que esta circunstancia no es motivo para que no se imponga una medida cautelar sobre el patrimonio. En cuanto a Rofa, Alaya aludía también a la colaboración que ésta ha prestado en la causa para esclarecer los hechos, un argumento que no es aceptado por la Audiencia. De hecho, en su escrito, en el que criticaba duramente el que la jueza tardara 14 meses en decidir las medidas cautelares para esta imputada, la Fiscalía solicitó que se le impusieran 205.000 euros de fianza, al no compartir “la valoración positiva que la magistrada hace de la contribución de la técnico”, pues sólo ratificó su declaración policial. Por otro lado, la jueza tiene hoy citados a declarar a un sindicalista de CCOO y tres personas vinculadas al Grupo Nueva Rumasa y, en concreto, al ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga). Una declaración en la que los abogados podrán usar equipos informáticos, siempre que no sea para grabar, tras levantar la jueza el veto a su uso.  

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