Deportes

La Audiencia ordena a la juez Alaya admitir a trámite el recurso de Bitton Sport

el 19 abr 2011 / 07:55 h.

La Audiencia de Sevilla ha ordenado a la juez que investiga un presunto delito societario de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis que admita a trámite el recurso de Bitton Sport para personarse en la causa, en la que es parte interesada como compradora del paquete mayoritario de acciones del club.

La Sección Primera de la Audiencia, en un auto al que ha tenido acceso EFE, ordena a la juez Mercedes Alaya que admita a trámite el recurso, en contra de la interpretación de la magistrada de que Bitton Sport, al no ser imputada ni responsable civil, no podía personarse en la causa.

Bitton Sport, propiedad de Luis Oliver, había comprado a Lopera por 16 millones de euros su paquete mayoritario de acciones, por lo que pidió ser parte en dicha causa judicial y, posteriormente, en las medidas cautelares que retiraron al ex máximo accionista del club el control de sus acciones y le impusieron una fianza de 25 millones de euros.

Por orden de la juez, el Consejo Superior de Deportes paralizó el 19 de julio de 2010 la plena adquisición de las acciones. La empresa Bitton Sport pidió personarse porque las medidas de la juez le afectaron “grave y directamente”, pero la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla rechazó tanto su entrada en la causa como el recurso ante la Audiencia, que se negó a tramitar.

No obstante, la Audiencia ha dado la razón a la empresa y recuerda que el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé el recurso de apelación en casos como este, por lo que ordena su tramitación.

Bitton Sport anunció en su recurso que consideraba la decisión de la juez “claramente ilegal y contraria a Derecho”, además de “arbitraria”, por lo que se reservó el ejercicio de otras acciones. La empresa había alegado que la ley no exige estar personado para recurrir una resolución judicial “que precisamente veda o deniega el acceso a la condición de personado”.

Las diligencias contra Ruiz de Lopera, denunciado por la Fiscalía y por tres asociaciones béticas opositoras, cuentan con un peritaje realizado por dos inspectores de Hacienda que han cifrado en 12,9 millones de euros los perjuicios que su gestión causó al club entre 1992 y 1998.

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