La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado a la juez de Instrucción número 8 que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo sobre los "indicios de criminalidad" existentes contra el alcalde de Tomares, José Luis Sanz (PP), dada su condición de aforado por ser senador, en relación al contrato gracias al cual el concejal de Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo de Tomares, el popular Juan Campos, percibió retribuciones del Consistorio cuando no formaba parte de la Corporación.
En un auto fechado este mismo jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Tercera de la Audiencia desestima los recursos interpuestos por los imputados a excepción del presentado por el concejal de Presidencia, Eloy Carmona, que estima parcialmente y por el que anula el auto de la juez instructora en el sentido de ordenarle remitir al Supremo una exposición razonada "sobre los indicios de criminalidad que, en relación con los hechos investigados en este procedimiento, haya apreciado en la actuación" del primer edil.
En esta causa, están imputados el propio Juan Campos; el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez (PP); el propio vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada 'Guerra 21'.
Hablamos de la investigación judicial relativa a la contratación de Juan Campos para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato. La oposición denunciaba que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori' para justificar precisamente el dinero abonado a Campos, así como una vulneración de las normativas de contratación, pues el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los pagos se habrían prolongado hasta 2009.
