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Una semana para pronunciarse sobre el indulto de Ortega Cano

La familia de Carlos Parra tiene hasta el próximo martes para entregar a la Audiencia su postura sobre la medida de gracia pedida porelextorero

el 04 feb 2014 / 17:08 h.

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ortega-cano-cara La familia de Carlos Parra, el vecino de Castilblanco fallecido en el accidente de tráfico protagonizado por José Ortega Cano, tiene hasta el próximo martes para pronunciarse sobre el indulto solicitado por el extorero condenado a dos años y medio de prisión por este siniestro. La Fiscalía también tendrá que hacerlo, aunque no tiene un plazo establecido para entregar su escrito. El plazo ha sido fijado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, encargada de tramitar esta medida de gracia antes de remitirla al Consejo de Ministros. La Sala le remitió ayer al abogado de la familia, Luis Romero, un auto en el que le indica que tiene cinco días hábiles, que cumplen el próximo martes 11 de febrero, para presentar sus alegaciones al indulto. El letrado viene mostrando su rechazo a esta petición desde que Ortega Cano anunció que solicitaría esta medida, «porque así lo quiere la familia, que quiere que cumpla la pena». Entre otros motivos, la acusación particular cree que el extorero no ha mostrado arrepentimiento por la muerte de Carlos Parra, y recuerda que el torero no ha reconocido ninguno de los hechos por los que fue condenado. Además, creen que no se ha producido ninguna circunstancia durante este tiempo que lo justifique. En esta misma línea se expresó en su día la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, quien dijo que no existía «ningún elemento extraordinario» para apoyar la medida de gracia. Ahora, el Ministerio Público también tendrá que expresar por escrito y argumentar su postura. Una vez que este documento y el de l a familia esté en manos de la Audiencia, el tribunal tendrá que elaborar un informe que será elevado al Consejo de Ministros, que es el que tiene la última palabra. José Ortega Cano fue condenado a dos años y medio de prisión como autor de tres delitos –homicidio imprudente, conducción temeraria y contra la seguridad vial– después de que la Sección Primera rectificara la sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 y le condenara por conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, este delito no supuso un aumento de la condena. Además del indulto, el extorero también anunció que acudiría al Tribunal Constitucional. Otro nuevo intento de eludir la prisión Hace casi dos semanas, el Juzgado de lo Penal número 6, le negó a José Ortega Cano la suspensión de la condena hasta que se resuelva el indulto, como solicitó el extorero. Sin embargo, su defensa ha recurrido esta decisión al propio juzgado y, si de nuevo se la vuelve a denegar, tendrá aún la opción de acudir a la Audiencia Provincial de Sevilla. No obstante, si la juez así lo cree conveniente, podría decretar el cumplimiento de la sentencia en cualquier momento o bien darle a Ortega Cano un plazo para que ingrese en la cárcel. La opinión de la magistrada al respecto fue muy clara, asegurando en un auto que «las resoluciones judiciales están para ser cumplidas» y deja entrever la intención de la defensa de «dilatar en el tiempo» su entrada en la cárcel. A esto añade que «no considera que concluya ninguna circunstancia excepcional ni extraordinaria para la concesión de esta suspensión» y que «corresponde a los jueces y tribunales dictar sentencia y hacer ejecutar las mismas, y las resoluciones judiciales están para ser cumplidas». Sobre los problemas de salud esgrimidos por la defensa, la jueza le indicaba que de necesitar atención sanitaria «se cuenta con los servicios médicos de Instituciones Penitenciarias, que velan por la salud de toda la población reclusa». Según la magistrada, en su decisión no ha pesado «la probabilidad de la concesión del indulto, ni la gravedad de la pena impuesta, sino el que, de ser ejecutada ésta, la finalidad del indulto pudiera resultar ilusoria». Por último, explica que «la longitud de esta pena» impide que la jueza aplique el artículo 80 del Código Penal, que permite dejar en suspenso las penas inferiores a dos años de cárcel. Precisamente, el hecho de que sea una «pena de larga duración» implica que «cuando sea resuelto el indulto» por el Gobierno, el extorero no habrá terminado de cumplir la condena y, por tanto, podría beneficiarse de su concesión.

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