La Audiencia de Málaga ha desestimado los recursos de apelación presentados por 62 procesados en el caso Malaya, contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, confirmando así "en su integridad" todos los procesamientos, según se señala en la resolución dictada por la Sección Primera, a la que tuvo acceso Europa Press.
Esta sala acogió en octubre la vista sobre los recursos presentados por 62 de los 103 procesados en contra del auto de procesamiento dictado en julio de 2007 por el anterior juez, Miguel Ángel Torres, contra 86 personas, después de que el actual juez encargado del caso, Óscar Pérez, desestimara los recursos de reforma. El tribunal enumera una serie de indicios, como los archivos Maras, las escuchas, las agendas del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; los regalos, los incrementos patrimoniales o las declaraciones de imputados, y considera que "no tiene formado criterio alguno sobre la viabilidad de los indicios a efectos de poder pronunciarse no sólo sobre la culpabilidad de los mismos en alguno de los actos imputados, sino, ni siquiera, sobre la participación efectiva de los procesados en dichos actos".
"Será en el plenario, bajo los principios de inmediación, contradicción y defensa, donde el tribunal, tras analizar a fondo la documentación, se formará un criterio sobre lo realmente acontecido en Marbella", apunta la resolución, de 77 folios, notificada ayer a las partes apelantes y a las acusaciones. "La sala -dice- es plenamente consciente, por un lado, de la gravedad de los delitos imputados y la trascendencia económica que, caso de acreditarse, pudieran haber ocasionado en la sociedad de Marbella; y de otro lado, el perjuicio que este tipo de macroprocesos de extraordinaria influencia mediática producen en la fama, en la profesión y en el patrimonio de los imputados", por lo que comparte que la necesidad de "evitar en la medida de lo posible la indeseada pena de banquillo".
Pero apunta en su resolución que "la complejidad de la causa, el entramado societario explicitado en el auto de procesamiento, las relaciones profesionales, económicas, jerárquicas e incluso familiares invocadas, hacen imposible de hecho que la sala pueda pronunciarse sobre estas cuestiones con suficiente conocimiento de causa". Sí da la razón a las defensas en la "evidente" desproporción entre "el dilatado periodo de tiempo de casi tres años para emitir un informe policial y que se dé a las partes dos días para rebatirlo", aunque asegura que el plazo es "puramente formal" y que la contraprueba pericial será admitida por la sala hasta el momento de la celebración del plenario. Pero deja claro que "el auto de procesamiento no atenta a la presunción de inocencia" de los acusados.
