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La Audiencia rechaza recusar a Alaya en el caso Betis

Determina que no hay ninguna prueba de su falta de objetividad y no concurre ninguna de las causas previstas para apartarla del caso.

el 30 abr 2014 / 16:05 h.

Luis Oliver, a su llegada al Betis en 2010 / Javier Cuesta Luis Oliver, a su llegada al Betis en 2010 / Javier Cuesta La Audiencia de Sevilla ha rechazado la recusación de la juez Mercedes Alaya planteada por el empresario Luis Oliver por su investigación de las cuentas del Real Betis, pues no hay ninguna prueba de su falta de objetividad y no concurre ninguna de las causas previstas para apartarla del caso. Fuentes del caso han informado a Efe de que el tribunal de la Audiencia encargado de resolver la recusación entiende, tal como propuso el instructor del caso, que no se ha demostrado ninguna enemistad de Alaya hacia el empresario y sus resoluciones fueron confirmadas por la Audiencia provincial. Oliver, que en 2010 compró las acciones del Betis a Manuel Ruiz de Lopera, pidió que Alaya fuese apartada de la causa por su "enemistad manifiesta, interés directo o indirecto en la causa" y por su arbitrariedad y "falta de imparcialidad". La recusación contó con la oposición de la Fiscalía de Sevilla, según la cual las afirmaciones o temores del empresario sobre la falta de imparcialidad y el interés directo o indirecto de la juez en el pleito "no se sostienen por no hallarse objetiva y legítimamente justificadas". Oliver, además, está condenado a pagar una multa de 4.500 euros por llamar "nazi" y "loca" a la juez Alaya el 26 de octubre de 2010 durante un acto con aficionados en una peña bética de Utrera (Sevilla). El pasado 3 de abril, el juez sustituto de Alaya dictó auto de procedimiento abreviado y finalizó la fase de instrucción contra Oliver y otras cinco personas por presuntos delitos de administración desleal y blanqueo de capitales durante los meses que gestionó el club. En la causa, que está pendiente de calificar por la Fiscalía y las acusaciones particulares, Oliver está acusado del cobro de comisiones millonarias en el traspaso de los jugadores Mehmet Aurelio y Sergio García y por contratar servicios de auditoría y consultoría a empresas de su entorno, pese a que el Betis disponía de tales servicios.

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