La Audiencia de Sevilla ha rechazado dos incidentes de nulidad planteados por cuatro acusados en el caso de los ERE, en una resolución en la que se sorprende por el hecho de que la juez Mercedes Alaya haya cambiado de criterio en dos días. La Audiencia, en sendas resoluciones a las que ha tenido acceso Efe, dice que la decisión de Alaya de no admitir a trámite el incidente de nulidad no se puede recurrir, por lo que los afectados deben acudir a otros "remedios jurídicos" previstos por la ley si consideran vulnerados sus derechos fundamentales.
Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, ex directores generales de Presupuestos de la Junta, así como Pablo Millán Márquez y Juan Vela Quiroga, ex directores de finanzas del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), habían pedido la nulidad de su declaración puesto que la juez disponía entonces de la comparecencia ante la Guardia Civil del interventor delegado en la consejería de Empleo, documento que no había facilitado a las partes.
En noviembre de 2013, la juez Alaya primero admitió y luego no admitió a trámite el incidente de nulidad, por lo que los afectados recurrieron a la Sección Séptima, encargada de resolver todos los recursos del caso de los ERE.
La resolución dice que le sorprende "la peculiaridad del supuesto, en el que ha cambiado la señora juez de instrucción radicalmente de criterio en dos días".
En esa actitud le apoyaron los fiscales Anticorrupción que investigan el caso de los ERE, en un escrito en el que sostuvieron que "no se ha producido un quebranto de la intangibilidad de las resoluciones judiciales y, por ende, no se ha causado indefensión" aunque -añade la Audiencia- "nada se argumenta sobre tal afirmación".
El reproche a la juez instructora se extiende a la consideración de que "siendo irrecurrible por ley, ningún efecto puede tener" que su auto, en la parte dispositiva, incluyese la posibilidad de recurrir en reforma y luego en apelación ante la Audiencia.
Los cuatro ex altos cargos plantearon un incidente de nulidad de actuaciones derivado de que la juez les hubiese tomado declaración a imputados y les hubiese fijado fianzas "ocultando documentación relevante" que le había entregado la Guardia Civil y que la magistrada no había incorporado al procedimiento.
Afirmaron entonces que a partir de julio de 2013 la juez tomó declaración al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez y a otros altos cargos sin haber entregado a las partes el testimonio ante la Guardia Civil de Juan Luque Alfonso, ex interventor delegado en la consejería de Empleo.
Dicho testigo había declarado y había aportado documentación "relevante" para demostrar, según los recursos, que es "inconsistente cualquier acusación penal en base al supuesto uso indebido de las transferencias de financiación", el mecanismo utilizado para pagar las ayudas investigadas.
La falta de esa documentación fue explicada posteriormente por la magistrada como un error porque la Guardia Civil le entregó un borrador de atestado donde se incluía dicha declaración.
