La Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso del exdelegado de Empleo Antonio Rivas contra el auto en el que la jueza Mercedes Alaya le imputa por la aprobación del Expediente de Regulación de Empleo de Mercasevilla en el que supuestamente incluyó como intrusos a Antonio Garrido Santoyo, su propio cuñado José Antonio Márquez y Antonio Rivera, contratado en la empresa pública el mismo día en el que fue incluido en el ERE de 2007.
Alaya imputó a Rivas en esta causa origen del macrocaso de los ERE que investiga presuntas irregularidades en las subvenciones para empresas en crisis el 16 de abril de 2011 y el exdelegado provincial de Empleo presentó primero un recurso de reforma ante la propia Alaya que la jueza desestimó el 17 de enero de 2012. Tras ello, recurrió en apelación a la Audiencia, que acaba de desestimar también dicho recurso.
La Audiencia entiende que el hecho de que como delegado de Empleo Antonio Rivas aurotizara dos ERE para la misma empresa y por las mismas causas (el supuesto sobredimensionamiento de la plantilla) en ese breve espacio de tiempo, en 2003 el primero y en 2007 el segundo, constituye un indicio más que suficiente para profundizar en la investigación de los hechos que se le imputan, máxime si se tiene en cuenta que en el ERE del año 2007 autorizó la inclusión de Antonio Rivera Martín que, según la documentación de Mercasevilla, había sido contratado el mismo día de su inclusión en el ERE.
El auto de la Audiencia, del 16 de julio, recuerda que se trata de una imputación en fase de instrucción donde la solidez de los indicios no tiene que ser tan severa como para un procesamiento sino que su imputación forma parte de la extensión de la instrucción que la jueza Alaya entiende que debe hacer ante la aparición de nuevos indicios sobre hechos presuntamente delictivos.
Rechaza también el argumento de la defensa de Rivas sobre que la Inspección de Trabajo avaló ambos ERE sin apreciar dolo, fraude o irregularidad. La Audiencia le recuerda que por su condición de delegado de Empleo era precisamente la autoridad laboral encargada de velar sobre la puridad del proceso que culmina con la autorización del ERE, y no la Inspección de Trabajo.
Rivas ya fue condenado a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros por el interno de cobro de una mordida a los empresarios de La Raza al concederles la Escuela de Hostelería de la lonja.
