No se puede perder más tiempo. Ante el bloqueo de las negociaciones en el marco del diálogo social el Ejecutivo aprobará en el Consejo de Ministros del próximo 13 de agosto, por decreto ley, la nueva ayuda de 420 euros que, durante seis meses, recibirán aquellos parados que hayan agotado su prestación por desempleo y no tengan más ingresos.
"Más allá de que no haya fructificado un acuerdo", los desempleados que se encuentran en esta situación necesitan ya una respuesta. Con este anuncio, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, certificaba la defunción de un diálogo social, que se encontraba desde hace días en punto muerto.
Confesó sentirse "decepcionado y sorprendido" por la actitud de la CEOE y por su propuestas, y consideró que ahora más que nunca es el momento en el que hay que "arrimar el hombro". Y eso que hasta última hora el Ejecutivo intentó salvar este marco, quemando el último cartucho con una cena que tuvo lugar el pasado miércoles con la presencia de Zapatero como mediador.
Los empresarios han mantenido hasta el final -ayer por la tarde hubo un intento a la desesperada por conciliar posturas que finalmente sólo condujo a "levantar el acta de defunción"- sus pretensiones de fuertes rebajas en las cotizaciones sociales (cinco puntos), que suponían un coste de 15.000 millones, igual que el pago durante "tres meses" de todas las pensiones. Y, en los últimos encuentros, pusieron sobre la mesa la necesidad de una reforma laboral, aunque con el matiz temporal de acometerla "a futuro".
Pero ambos planteamientos han sobrepasado lo que el Gobierno marcó como "líneas rojas" infranqueables. Y el resultado no ha sido otro que el enquistamiento de las posturas y el bloqueo total de la negociación.
Tras la reunión, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dio por zanjado el proceso y a la hora de repartir culpas cargó contra la CEOE, a la que acusó de haber mantenido unas condiciones "inasumibles", tanto en términos presupuestarios como por la "vulneración" de los derechos de los trabajadores. Una actitud que tachó de "intransigente" y "poco constructiva".
También se refirió a ello Zapatero, que criticó que la patronal no haya aceptado que algunas medidas de apoyo a las empresas, como la rebaja de cinco puntos en el Impuesto sobre Sociedades, se hayan condicionado al mantenimiento del empleo, cuando la situación requiere la creación de puestos de trabajo. O la petición de "sacar de la tutela judicial" las decisiones relativas a expedientes de regulación de empleo (ERE) o despidos.
En cambio, tanto él como Corbacho elogiaron la actitud de los sindicatos durante la negociación. "Sin abdicar de sus exigencias, han ejercido una gran responsabilidad y alta moderación".
En este sentido, el titular de Trabajo lamentó que el desacuerdo también dificultará "la creación de un clima de confianza de cara a un futuro próximo", ya que la confianza es un factor clave en la crisis actual. A partir de ahora, añadió que será el Gobierno el que tome las medidas que considere oportunas. Aseguró que en las diez reuniones mantenidas en los últimos meses -desde que en junio de 2008 se firmó la declaración que dio inicio al proceso- el Gobierno mantuvo el esfuerzo para conseguir un acuerdo.
