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La baja de Alaya frena el caso Lopera

La jueza, en tratamiento hospitalario por sus cefaleas, sigue de baja y su sustituto no ha avanzado nada en la instrucción de la causa.

el 30 oct 2012 / 22:12 h.

Mercedes Alaya, en los juzgados.
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El caso que se sigue contra Manuel Ruiz de Lopera en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla está virtualmente paralizado desde que su titular, la ya famosa Mercedes Alaya, se marchó de vacaciones en agosto. No es que la magistrada siga de descanso, ni mucho menos. Eso querría ella, seguramente, pero la incesante y estresante actividad que lleva a cabo desde hace un par de años, primero con este caso y después con el fraude de los ERE en la Junta de Andalucía, ha acabado por mermar su salud. Alaya empalmó sus vacaciones con una baja laboral por fuertes cefaleas y en estos momentos está siguiendo tratamiento en un centro hospitalario porque el problema, lejos de resolverse, se ha agravado.

El puesto de Alaya no ha quedado vacante, como es natural. Las autoridades jurídicas nombraron un juez sustituto, Iván Escalera, que ya había sido designado como juez de apoyo para Alaya, pero la prioridad en estos momentos en el Prado de San Sebastián está clara: primero, los ERE. La consecuencia es que Escalera se ha centrado en ese escándalo y no ha avanzado nada en la instrucción del caso Lopera. Responde escalera a un perfil de juez más bajo que el de Alaya, incisiva donde las haya. No hay más que ver su modus operandi con el exdirector de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero . La magistrada le impuso una fianza de 150.000 euros y su sustituto la rebajó en un tercio para dejarla en 50.000, lo que de paso permitió al imputado salir de prisión. Por no hablar de su chófer, el que reveló que Guerrero se gastaba el dinero público en cocaína, también en la calle.

En estos momentos, la causa contra el accionista mayoritario del Betis (ahora inhabilitado de esa condición) se encuentra pendiente de la segunda ronda de citaciones, una vez conocido el segundo informe de los peritos de Hacienda, a principios de julio. La conclusión de Francisco Velasco y Julia Contreras era que Lopera había perjudicado al Betis en 24,9 millones de euros. Los dos especialistas deben ratificar ese informe y luego se prevé por las partes que haya una nueva ronda de declaraciones ante el juez o la jueza, como ya ocurrió durante el verano de 2010 (Lopera acudió a mediados de julio de ese año).

En principio, la defensa y las acusaciones (Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos) calculaban que esta fase de instrucción concluiría a finales de año, pero ese plazo es imposible ya. Es más, fuentes judiciales dan por hecho que esta recta final no será afrontada por el juez Escalera y que será la jueza Alaya, cuando se recupere, la que retome un caso que controla a la perfección.

La clave, en todo caso, está en manos de la Fiscalía. Una vez que el magistrado de turno acabe la instrucción y decida si hay indicios de delito o no (Alaya lo ha dejado muy claro en todos sus autos), será la Fiscalía la que decida si emite una acusación formal. Y aquí es donde dudan los acusadores, en vista de la actitud de la fiscal y la influencia de la defensa (compuesta básicamente por los exfiscales Alfredo Flores y José María Calero). Las tres asociaciones también podrían emprender la acusación en solitario, pero no contar con el respaldo del Estado equivale a afrontar las costas en caso de fallo adverso, lo cual supondría un grave obstáculo en un caso con tantos millones de euros de por medio.

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