'Vinnell-Brown & Root Spain' (VBR), la sociedad que gestiona los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe por sus siglas en inglés), ha comunicado este lunes a los representes legales de la plantilla el comienzo del periodo de consultas correspondiente a un nuevo "despido colectivo", según ha informado a Europa Press Javier Domínguez, portavoz del comité de empresa.
Mientras el Tribunal Supremo (TS) tiene aún pendiente de resolver el recurso promovido contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara "no ajustado a derecho" el expediente de regulación de empleo consumado por VBR en 2013 con un total de 66 despidos, sentencia que sin embargo no anula tales despidos, Javier Domínguez ha manifestado que, tal y como temían desde hace meses los trabajadores, la sociedad gestora de los servicios civiles de la base de Morón, a través de un notario, ha comunicado este lunes que en un plazo de siete días comenzará el periodo de consultas de un nuevo "despido colectivo".
Javier Domínguez ha mostrado la "total indignación" del comité de empresa de esta base cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España, porque como ya ocurriera en el ERE de 2013, la maniobra llega "en pleno verano", con buena parte de la plantilla y de sus representantes sindicales "de vacaciones", con lo que a su juicio media incluso un aprovechamiento táctico de las fechas para debilitar la reacción de la plantilla española, que encaja así su tercer despido colectivo desde 2010.
"Es un palo gordísimo", ha reconocido Javier Domínguez, quien aclara que el número de despidos que plantea VBR no será conocido probablemente hasta este miércoles, cuando los representantes de los trabajadores cuenten con toda la documentación del procedimiento. En ese sentido, ha lamentado especialmente que el golpe llegue pese a que los trabajadores de la base aérea han logrado unir en su causa a los principales partidos políticos y agentes sociales de la provincia de Sevilla, obteniendo también respaldo en el plano nacional a cuenta de una campaña de gestiones y reuniones promovida con representantes políticos de ámbito nacional e incluso con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
EL CONFLICTO DE LA BASE Como muestran las hemerotecas, la empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010 un primer expediente de regulación de empleo "por causas organizativas", para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a tales servicios. Durante la negociación, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa, extremo que por cierto investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.
Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo ERE. En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, 'VBR' consumó el despido de otros 66 trabajadores, toda vez que pocos meses después, Estados Unidos ampliaba aún más su presencia militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en estas instalaciones.
EL TERCER ERE Los trabajadores de la base, en ese sentido, avisaban de una estrategia predeterminada para reducir la plantilla española de las instalaciones castrenses y sustituir así a los empleados españoles por personal estadounidenses o directamente marines. Ya entonces, los representantes de la plantilla manifestaban su temor ante la posibilidad de que VBR promoviese un tercer ERE para que, en conjunto, los despidos colectivos se acercasen al número de puestos de empleo que la empresa pretendía extinguir a través del primer expediente de regulación de empleo, es decir 286.
De cualquier manera, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declarase "no ajustado a derecho" el ERE de 2013 al atisbar incluso aspectos como un "incremento de tareas en determinados departamentos", los 66 trabajadores despidos a través de este procedimiento recurrieron ante el Tribunal Supremo a la búsqueda de la nulidad de los despidos, si bien la plantilla afronta ahora un nuevo conflicto con este tercer expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por VBR.
