El experto en Psicología de Trabajo Julio Fernández Garrido, criticó el viernes en La Rábida que "en grandes entidades del Tercer Sector", refiriéndose a las ONG, "el personal directivo tiene sueldos millonarios, mientras que quienes llevan sobre sus hombros lo más duro del trabajo cobran menos de 900 euros al mes".
De esta forma, Fernández informó de que "el primer Convenio Nacional del Sector de Intervención Social fue impugnado" por algunas ONG "que consideran que salarios mensuales de 900 euros netos podrían ser generadores de amenaza de ruina para sus entidades", y que en un estudio sobre las cuentas de algunas ONG por parte de la Fundación Lealtad, "un 30% de las entidades" se negaron a presentar sus datos.
Con respecto a la ética de este empleo, el experto destacó que "habría que procurar llegar a unos acuerdos mínimos" y tomó como ejemplo la Agencia Nacional para el Empleo de Francia (ANPE), que no acepta ninguna oferta de trabajo que muestre algún tipo de discriminación, como por ejemplo una "horquilla de edad". El experto y director de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid añadió que "todavía no se ha implantado toda la terminología que puede ser no discriminatoria", y que hay que enseñar a las empresas que "la pérdida de la mitad de población es una pérdida de capital humano que no se puede permitir".
Julio Fernández valoró la importancia de que las ofertas de empleo estén en español, y que se rechacen expresiones como coaching, mentoring, o manager al igual que se hace en el ANPE. Esto, según el psicólogo, es algo que atañe al patrimonio cultural de cada país, por lo que opinó que en España los servicios de empleo y los medios de comunicación deberían fomentar el uso de la terminología en castellano.
El experto de la Complutense habló además de "una ética de la sociedad" y, en este sentido, afirmó que "la responsabilidad social corporativa de las empresas debe ser reconocida por las administraciones públicas y por las entidades del tercer sector".
Por ello, opinó que "las administraciones no deben sacar pliegos de condiciones que puedan ser generadores de trabajos precarios o con remuneraciones muy por debajo del salario que se pueda cobrar en el sector público". También aseguró que "en los programas de empleo de la administración, un 50% de los servicios son sostenidos a través de subcontratación" y criticó que en la Comunidad de Madrid las personas que se emplean como orientadores en los servicios de empleo "trabajan nueve meses y tres están en paro".
El profesor, que participó en el curso Claves psicosociales y éticas del empleo, afirmó que "todo lo que se ha llamado intervención sociolaboral, o programas de empleo, es un esfuerzo de una serie de nuevas tecnologías sociales del siglo XX". Para esto, afirmó que no sólo son necesarias las leyes, sino también unas "tecnologías de la intervención social", que trabajen y potencien las "claves psicosociales" del empleo.
