Mover durante mes y medio las toneladas de basura del vertedero en busca del cuerpo de Marta del Castillo, desaparecida el 24 de enero, costó más de 240.000 euros. El Gobierno ya ha pagado a la empresa Tegner los 170.000 euros previstos al inicio, aunque la factura se incrementó porque se solicitaron más máquinas para acelerar el trabajo.
La búsqueda en el río que comenzó cuando a mediados de febrero Miguel Carcaño dijo haber matado a Marta y haberla arrojado al Guadalquivir no supuso gastos extra -salvo el combustible para patrulleros, lanchas y helicópteros- porque la realizaron la Policía y el Ejército, funcionarios del Estado. Pero cuando un mes después Miguel varió su versión y aseguró que entre él y El Cuco violaron a la chica y luego la dejaron en un contenedor, el juez ordenó buscar entre la basura y para eso la Policía no tenía medios propios.
El delegado del Gobierno, Juan José López Garzón, fue rotundo: no habría límite de gasto porque la prioridad era encontrar el cadáver, para dar sosiego a la familia y para sustentar con pruebas la instrucción judicial. Su postura fue remarcada por el ministro del Interior, que garantizó "todos los medios necesarios".
Por su parte, los padres de la chica de 17 años aseguraron que si los imputados por el crimen, cinco hasta ahora, resultaban condenados exigirían a la Justicia que afrontasen el coste de las búsquedas en el río y el vertedero, que se sucedieron durante 97 días.
El Gobierno contrató a la empresa Tegner, colaboradora habitual del vertedero, que se ofreció porque disponía de las enormes retroexcavadoras y los camiones necesarios para trasladar las toneladas de basura acumuladas en la zona en la que debía estar el cuerpo de la chica, unas 45.000 según estimó entonces López Garzón. El presupuesto inicial de las 35 jornadas de trabajo rondó los 170.000 euros, gasto que fue aprobado en Consejo de Ministros y pagado a la firma, según fuentes cercanas a la investigación y a la empresa. Este importe sólo se refiere a la extracción de los residuos de la montaña en la que estaban y su traslado a otra zona, donde los policías se encargaron de revisarlos a mano.
Pero la necesidad de agilizar los trabajos llevó a pedir a la empresa que aumentase el número de máquinas para mover la basura, lo que supuso una ampliación del gasto. Pese al esfuerzo dedicado a escudriñar cada bolsa, los agentes no encontraron ni un indicio de que el cuerpo de la joven hubiera estado jamás donde Miguel le dijo al juez.
Por la muerte de Marta hay tres encarcelados: Miguel, principal sospechoso de su muerte, y sus amigos Samuel y El Cuco, imputados por prestarle ayuda. El hermano de Miguel y su novia están imputados, aunque en libertad.
Javier vendió propiedades desde prisión. El abogado de los padres de Marta ha pedido al juez que investigue una posible ocultación de patrimonio del hermano de Miguel para no pagar futuras indemnizaciones, pues un mes después de encarcelado puso fin al régimen de gananciales y su esposa vendió un piso que compartían. Así lo solicita en su recurso contra la libertad de Javier Delgado, en el que afirma que, estando libre, seguirá impidiendo el hallazgo del cadáver con la misma "pericia y acierto" con la que "lideró las actuaciones tendentes a hacer desaparecer cualquier vestigio del crimen", según informa Efe.
El letrado dice a la Audiencia que hallar el cuerpo, al margen de su valor como prueba, permitirá que la familia tenga "su derecho elemental a enterrar a su hija y el derecho de la hija a ser enterrada", aspectos "entroncados con la dignidad de la persona".
La posible ocultación de patrimonio para ser declarado insolvente -258 del Código Penal- se basa en un informe policial según el cual Javier firmó ante notario la disolución del régimen de gananciales con su esposa a los 22 días de ser encarcelado y luego ella vendió el piso. Por eso, pide que se investiguen sus bienes en una pieza separada.
El abogado de los padres de Marta alega en su recurso que Francisco Javier era "la persona de mayor madurez, serenidad, frialdad, capacidad de organización, influencia y astucia" de los cinco imputados, considera que es "la persona que puede conocer donde está el cadáver" y su puesta en libertad "le ofrece la ocasión de continuar con su actuación dirigida a impedir a toda costa el esclarecimiento" de los hechos.
