La Cámara de Cuentas, órgano que fiscaliza el uso del dinero público por parte del Gobierno andaluz, ha revelado esta mañana en un informe una nueva falta de control e irregularidades en las ayudas concedidas por la Junta entre 2007 y 2013 en el marco del plan de fomento para el trabajo autónomo. En ese periodo, la Consejería de Empleo (y después la de Economía, que asumió sus competencias) concedieron 356,17 millones de euros en ayudas, se ejecutó el pago de más del 92% (330,9 millones), de los que se han reintegrado a la tesorería de la Junta 33 millones, un 10,1 %. Sin embargo, a día de hoy siguen sin justificar ayudas por valor de 115,1 millones de euros, el 34,25% del total. Esta es la cifra que ha reconocido esta mañana el secretario general de Empleo, Gaspar Llanes, en una comparecencia urgente para analizar el citado informe. Sin embargo, el mismo documento eleva a 138 millones de euros (el 42%) el montante de las ayudas sin justificar y con el plazo límite vencido. Llanes ha asegurado que desde que se puso en marcha el plan de choque para controlar las subvenciones de Empleo, hace seis meses, podemos garantizar que no va a volver a prescribir ningún expediente más, y que además ninguna de las ayudas sin justificar de las que habla el informe de la Cámara de Cuentas está fuera de plazo, como reza el documento. Eso no es verdad. Tenemos dos años más para verificar la justificación de las facturas de los autónomos que aún no se ha podido hacer por falta de personal y medios, ha advertido. El número dos de la Consejería de Economía y Empleo asegura que dos de cada tres ayudas para autónomos está bien, y que sólo 429 expedientes sin justificar (el 0,9% del total) por valor de 3,21 millones de euros han prescrito. Esto no quiere decir necesariamente que ese dinero se haya perdido, porque la Junta aún tiene que verificar la justificación que han entregado los beneficiarios y puede que estén bien, ha explicado Llanes. El agujero que ha destapado la Cámara de Cuentas alcanza a 15.522 expedientes sin justificar, que sumarían esos 115 millones de euros. El programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo, revisado por el órgano fiscalizador, se ejecutó durante el periodo más complejo de la crisis económica, sobre todo entre los años 2007 y 2010. En ese tiempo el paro aumentó en 600.000 personas, pasando de una tasa del 12,8% al 27,8%. El desempleo juvenil se duplicó, de los 190.000 a 380.000 a finales de 2010. En este contexto, ha explicado esta mañana la consejería, es cuando la Administración andaluza aprueba hasta 15 órdenes que regularon las convocatorias de ayudas a autónomos para tratar de frenar la sangría económica. Eran subvenciones individuales de 7.431 euros (el total suman los 356,7 millones), de las cuales, dice el informe, el 76,9% se otorgaron sin concurrencia competitiva. El procedimiento para otorgar las ayudas no era el más adecuado: se le concedía al primero que llegaba si cumplía con los requisitos básicos. Se formaron colas y avalanchas para pedir estas subvenciones. Se generaron muchas expectativas, aunque las ayudas no eran competitivas y el límite presupuestario era muy inferior al volumen de demanda, explica Llanes. En los dos primeros años se concedieron 25.000 ayudas a autónomos, aunque el número de solicitudes fue más del doble. El volumen de ayudas era tal que, para gestionarlas, la consejería aprobó dos encomiendas de gestión que permitían ceder parte del trabajo, por un lado, a las cámaras de comercio, y por el otro a la agencia IDEA, donde se han detectado más irregularidades. Hubo un exceso de voluntarismo y de imaginación, muchas ganas de hacer cosas que estaban muy por encima de nuestra capacidad de gestión. Obviamente no todo salió perfecto, el voluntarismo fue excesivo, pero eso no quiere decir que hubiera algo irregular o ilegal, dice el número dos de Empleo. La Cámara de Cuentas también destaca que entre 2007 y 2012, las Consejerías de Empleo y de Economía dictaron, al menos, ocho resoluciones de exoneración, un mecanismo legal que permite mediante resolución motivada conceder una ayuda a una entidad pese a que ésta no haya justificado aún el uso correcto de la última subvención que se le otorgó. La última exoneración, ha aclarado Llanes, se produjo en diciembre de 2012, ya con Susana Díaz como presidenta de la Junta, aunque poco antes de que ésta prohibiese de plano seguir utilizando este procedimiento excepcional como norma habitual. La Ley de medidas tributarias dice que las exoneraciones se pueden ejecutar de forma excepcional cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin embargo, el informe advierte de que las ocho resoluciones aprobadas por la Junta adolecen de falta de motivación, al utilizar términos generalistas y comunes para un conjunto de beneficiarios, sin concreción o explicación alguna de las razones por las que cada una de dichas empresas o personas físicas cumplen con el requisito del especial interés social. Concluye, por tanto, el informe: La amplia utilización de las excepcionalidades previstas en la normativa aplicable, de poder otorgar nuevas subvenciones a beneficiarios con deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público de Andalucía, y de poder proponer el pago a beneficiarios que tengan pendiente de justificar subvenciones anteriores, con cargo al mismo programa presupuestario,han favorecido el incremento de los pagos materializados pendientes de justificar con plazo vencido. Esto significa que en trámite de reintegro pendientes de ingreso en la Junta existen 3.842 expedientes de ayudas concedidas, que ascienden a un total de 20,2 millones de deuda principal y de 795.630 euros de intereses de demora.
