El caso de las irregularidades en Invercaria llegó a los juzgados apoyado en un demoledor informe de la Cámara de Cuentas (2009) que alertó del descontrol del dinero público en la empresa de capital riesgo de la Junta: No existe ningún criterio para determinar los requisitos que deben reunir los beneficiarios [de ayudas millonarias], las condiciones de los préstamos, los importes máximos a conceder o los factores determinantes de cuándo el préstamo será participativo u ordinario.
La responsable de ese informe y auditora jefe del órgano de fiscalización, Amelia Martínez, ratificó ayer ante el juez las conclusiones del mismo, en el que además denunciaba las retribuciones que Invercaria pagó a tres trabajadores que no prestan de forma justificada sus servicios en ella y los gastos en comidas del expresidente entre 2005 y 2010, Tomás Pérez Sauquillo, por 25.101 euros. Martínez declaró ayer como testigo que Invercaria incumplía la orden de incentivos, porque la Agencia IDEA entendía que no debía regirse por dicha normativa. Dijo que los expedientes que se firmaban para autorizar las ayudas eran cada uno de su padre y de su madre, no había procedimiento alguno y por tanto, los beneficiarios ya no tenían que cumplir los requisitos legales exigidos, sino los que Invercaria decidiera. De haberse seguido la orden de incentivos, habría habido menos riesgo de menoscabo de los fondos públicos, dice su declaración, a la que tuvo acceso este periódico.
Sin embargo, posteriormente el Tribunal de Cuentas corrigió el informe de la Cámara y descartó que hubiera responsabilidad contable por las retribuciones a esas tres personas ajenas a Invercaria. El juez pregunta a Martínez por qué no avisó de las supuestas irregularidades al consejero de Innovación, responsable último de Invercaria, y ésta explica que en aquella época las directrices y la práctica era no pronunciarse sobre indicios de responsabilidad contable a remitir luego al Tribunal de Cuentas, algo que cambió posteriormente, y que entonces sí habría alertado al consejero. Sin embargo, en la época a la que se refiere Martínez (2009) hacía cuatro años que llevaba en vigor el manual de procedimiento de la Cámara de Cuentas (de 1 de marzo de 2005), que en su artículo 91 deja claro que si se detectan infracciones de la norma aplicable a la gestión de fondos públicos se pondrá en conocimiento del consejero. Durante cuatro años, según la declaración de Martínez, se ignoró dicho mecanismo de control interno.
La auditora jefe denunció ante el juez que Invercaria limpió los expedientes que remitía a la Cámara de Cuentas de los email que la consejería enviaba a la sociedad pública y que el órgano de fiscalización no tenía por qué ver. También subrayó que no existían comprobaciones posteriores de las inversiones que Invercaria concedía a empresas y puso como ejemplo el caso de FIVA portal fantasma que recibió 660.000 euros pero nunca llegó a funcionar.
Secretaria de Chaves // Según Martínez, durante su investigación ésta preguntó al ex director financiero, Antonio Nieto, por el elevado gasto de personal de Invercaria, y éste le comentó que quitase los mochileros, a saber, personas a las que Invercaria pagaba y que tenían nóminas aunque no trabajaban en la empresa pública. María José González Fernández, que también declaró ayer ante el juez como ayudante de auditoría en el informe de la Cámara de Cuentas, expuso el caso concreto de una señora que había sido secretaria personal de Manuel Chaves y que cuando se fue a Madrid la pusieron en nómina en Invercaria.
Fuentes directas del entorno del expresidentes aseguraron que el nombre apuntado por esta persona antes el juez no se corresponde con nadie que hay formado parte de su equipo en San Telmo ni en el PSOE. Niegan categóricamente que conozcan a la persona mencionada.
La auditora no trasladó al informe que esta trabajadora era secretaria de Chaves, sino de que estaba percibiendo una remuneración sin tener constancia de que realmente estaba contratada por Invercaria. Otro caso fue el de un trabajador que cobró 80.000 euros anuales y realizó gastos de viajes cuyos justificantes no se pudo demostrar que tuvieran alguna relación o vinculación con la actividad de la sociedad pública.
