La difusión de uno de los informes más sensibles de la Cámara de Cuentas, el de los Expedientes de Regulación de Empleo ilegales pagados con dinero público , ha desencadenado un escándalo sin precedentes en el órgano fiscalizador. La institución enviará a la Fiscalía las “filtraciones interesadas” de un borrador que, aunque está todavía en fase inicial y su contenido puede cambiar, implica al presidente de la Junta, José Antonio Griñán , y al expresidente Manuel Chaves en las irregularidades. Una investigación interna tratará de desenmascarar al topo. El PSOE avisó de que esta auditoría, reclamada por el Parlamento, está bajo el ámbito de responsabilidad de una consejera del PP en la Cámara de Cuentas. Griñán criticó el “uso partidista” de una institución que goza de independencia, y calificó los hechos de “condenables”.
En una rueda de prensa inédita, el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López –flanqueado por la vicepresidenta, Carmen Camilleri– anunció las medidas legales e internas que la institución va a tomar de inmediato para esclarecer una situación que calificó de “muy grave”. El PP andaluz se hizo eco el lunes de un documento del órgano fiscalizador, publicado ese día en ABC, que apunta a Griñán, en su etapa de consejero de Economía, y a Chaves como responsables de las modificaciones presupuestarias que ampliaron los fondos para la partida 31L con la que se financiaban las prejubilaciones bajo sospecha. López anunció que llevarán la filtración al fiscal por si se hubiera cometido un delito de revelación de secretos. Si el informe definitivo detectara indicios de delito o responsabilidades contables en el Gobierno, también se enviarían a la Fiscalía.
El presidente de la institución eludió aclarar cuántas personas tienen acceso a ese borrador. Explicó que tres auditores y dos técnicos llevan ocho meses trabajando en el borrador. Ni siquiera quiso elevarlo a la categoría de informe, porque aún le quedan varios filtros por pasar y su contenido puede “cambiar”. Preguntado directamente si sospecha de algún consejero del PP, López dijo que estas son “cuestiones internas”. No obstante pidió que se deje a la Cámara de Cuentas al “margen del debate político”. Además de Camilleri, consejera propuesta por el PP, en la rueda de prensa estaban todos los miembros del pleno de la Cámara. Todos escuchaban impertérritos a su presidente, que denunciaba los hechos con vehemencia. El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, avisó de que el documento está bajo el “ámbito de responsabilidad” de una consejera del PP, aunque no la nombró. Antes se hacía cargo de este informe Rafael Rodríguez, exconsejero de IU en el órgano y actual consejero de Turismo de la Junta.
“Indefensión”. López admitió que la difusión en la prensa del borrador ha “dañado” la imagen de una institución que “siempre ha dado cuenta de su independencia” y que no va a tolerar “manipulaciones”. También reconoció que la Junta –que es la auditada– se ha quejado a la institución. La filtración deja al Gobierno andaluz en una situación de “indefensión”, lamentó el presidente de la Cámara de Cuentas. Insistió en numerosas ocasiones en que el informe puede cambiar. Ahora tiene que pasar a una comisión técnica y al pleno de la institución, donde pueden incorporar modificaciones. Después se envía a la Consejería de Empleo –se analizan las ayudas a empresas en crisis otorgadas desde 2001 a 2010– para que haga alegaciones, que se estudiarán para redactar el informe definitivo. La auditoría estará lista en un mes, aseguró López. “El informe dirá lo que tenga que decir cuando lo tenga que decir, sin permitir manipulaciones”, sentenció. Coincidirá con la creación de la comisión de investigación en el Parlamento sobre los ERE. El vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, avanzó que el próximo pleno aprobará la creación de la comisión de investigación.
El líder del PP-A, Javier Arenas, consideró que “los informes” de la Cámara de Cuentas “confirman las irregularidades y llegan a todo el Gobierno andaluz”.
