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La Cámara de Cuentas ratifica los "abusos" en las ayudas de los ERE

El órgano fiscalizador reprocha a Empleo la absoluta falta de procedimiento en el reparto de subvenciones.

el 29 oct 2012 / 14:57 h.

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El presidente de la comisión que investiga el fraude de los ERE, Ignacio García (IU).

La Cámara de Cuentas registró este lunes en el Parlamento el informe definitivo sobre el caso ERE, que confirma que hubo "irregularidades contables y administrativas" en la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Junta entre 2001 y 2010. El órgano que fiscaliza las cuentas públicas concluye que hubo un "abuso del margen de la discrecionalidad administrativa en la concesión, puesto de manifiesto en la concentración de las ayudas en determinadas zonas geográficas [el 60% recayeron en la Sierra Norte de Sevilla], en grupos de empresas y en concesiones realizadas sin acreditar el fin o interés público perseguido con las mismas".

El documento se emite casi dos años después de que un juzgado sevillano abriera la investigación de un presunto fraude con estas ayudas públicas que excede los 700 millones de euros. El informe carga duramente contra el Gobierno andaluz, singularmente contra la Consejería de Empleo, por no haber vigilado ni tutelado el uso del dinero público en forma de subvenciones durante una década. "Con carácter general, hasta 2010 se han otorgado [ayudas millonarias] prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto. Ni se ha exigido por parte de la Administración, ni ha quedado acreditado por el beneficiario el cumplimiento de las finalidades para las que fueron concedidas ni la correcta aplicación de los fondos". Los importes de los pagos de estas ayudas se hicieron con cargo cargo a la partida presupuestaria 31L, que durante el periodo fiscalizado ascendió a 721.7 millones de euros. Aunque al final, el informe concluye que "el coste estimado de dicho programa [en esos diez años] ascendió a 1.217 millones de euros".

El informe, de 182 páginas, también fue remitido ayer a la comisión parlamentaria que investiga el supuesto fraude de los ERE, que deberá aprobar su dictamen definitivo el 22 de noviembre, y posteriormente aprobado en sesión plenaria el 28 y 29 de ese mes.

En las conclusiones se observa que "aun admitiendo el carácter excepcional de las ayudas sociolaborales (...), su permanencia en el tiempo y reiteración en su concesión, hubieran justificado su tramitación a través de un procedimiento de carácter reglado". La Cámara de Cuentas advierte de que la partida 31L se engrosó con repetidas "transferencias de financiación", una figura de la que se realizó "un uso inadecuado" como procedimiento excepcional para tramitar las ayudas a través de la Consejería de Empleo. Eso evitó que existiera "una fiscalización previa adecuada a la naturaleza del gasto subvencional", la contracción de compromisos de gastos plurianuales "sin articular expedientes de tal naturaleza" o la asunción de compromisos de gastos "al margen de la cobertura plurianual, que ha dado lugar al incumplimiento reiterado de los calendarios de pago".

El informe también censura que, sobre el papel, no existiera un procedimiento reglado para la concesión de ayudas: "Empleo no realizó el diseño previo de las ayudas, no establecieron los requisitos para ser beneficiarios, ni los criterios para la aceptación o rechazo de las solicitudes, ni lo plazos de ejecución de las acciones a subvencionar" ni el sistema para justificar que el fin último para el que se habían concedido las ayudas. De manera que el modus operandi de Empleo se llevó a cabo "al margen del procedimiento previsto en la legislación vigente para este tipo de ayudas" y cuestionan la "discrecionalidad de la Administración al financiar prejubilaciones con distintos umbrales de edad, coberturas y condiciones".

El órgano también suscribe la línea de investigación que acusa a las aseguradoras intermediarias en el pago de las ayudas de obtener comisiones desorbitadas.

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