La Cámara de Cuentas, órgano que fiscaliza el uso del dinero público, emitió ayer un informe donde cuestiona la rentabilidad del modelo de financiación público-privada, que utiliza la Junta desde hace años para costear las principales infraestructuras andaluzas, y recomienda al Gobierno regional que explore otras fórmulas de pago menos ruinosas. El análisis de proyectos como los Metros de Sevilla y Málaga y las autovías del Almanzora e Iznalloz-Darro ha revelado desviaciones millonarias respecto a lo inicialmente presupuestado, en algunos casos, con un sobrecoste superior al 200% de la oferta inicial. Este desvío en la factura habría vulnerado la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que establece que «cuando los contratos modificados superan el 20% del original, debe existir un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, algo que no se ha producido en 15 casos», dice el informe. Además las empresas concesionarias subcontrataron trabajos con terceros que inflaron aún más el presupuesto, llegando a emitir un 70% de facturas «sin procedimiento de adjudicación y tramitadas como expedientes de liquidación de gastos, fórmula que no tiene cobertura legal». El órgano fiscalizador concluye que se han pagado estas infraestructuras por la vía del «enriquecimiento injusto de la Administración». Por último, para hacer frente a los sobrecostes, la Junta aplicó «inadecuadamente» transferencias de financiación de capital entre 2005 y 2009 por 165,4 millones.
El informe, que analiza las contrataciones de la Agencia de Obra Pública en 2013, advierte de que las constructoras obtenían el contrato con la oferta más económica para el erario público, pero una vez iniciadas las obras, sistemáticamente el precio se disparaba, y el desvío presupuestario se iba inflando a base de sucesivas modificaciones del contrato inicial.
IU, socio de Gobierno del PSOE-A, ya conocía el documento, por eso la semana pasada se apresuró a registrar en el Parlamento una proposición no de ley para pedir a la Junta que busque «alternativas» al modelo de financiación público-privada, que califica de «usura financiera». «El uso de esta modalidad debe justificarse mediante un análisis previo que compare la alternativa pública con la público-privada», concluye el informe.
En la misma iniciativa, la coalición de izquierdas reclama una auditoría de todos los contratos públicos con las constructoras, algo que la Junta descarta porque ya están bajo la supervisión de la Intervención General. Pero el recelo de los socios no es nuevo. La Consejería de Fomento, gestionada por IU, ya frenó proyectos de colaboración público-privada porque desconfiaba de esta fórmula de pago. El órgano fiscalizador sugiere que a la Junta le costaría mucho menos un 60% menos en el caso de las autovíasasumir la construcción de ciertas infraestructuras con fondos propios (si los tuviera) o créditos bancarios (si tuviera acceso a ellos).
Para prevenir los desvíos presupuestarios, la Cámara de Cuentas recomienda a la Junta «la transferencia efectiva del riesgo de construcción al contratista para que la fórmula de concesión de obra pública no afecte al cómputo del déficit y el endeudamiento», para lo cual propone «no incluir en el objeto del contrato la redacción del proyecto constructivo, quedando éste a cargo de la propia Administración o de un tercero independiente».
El informe revela un desfase del 70,4% en el presupuesto del Metro de Sevilla a 31 de diciembre de 2013, pasando de los 428,5 millones de inversión inicial a los 730 millones que costó al final. Entre medias hubo hasta 46 expedientes de modificación de contrato por valor de 202 millones que derivaron en un incremento del 53% del coste sobre la oferta inicial. Respecto al Metro de Málaga, la inversión pasó de 403,7 millones en la adjudicación a 678 millones, a través de 19 expedientes que sumaron al gasto inicial 207 millones más. A consecuencia de estos sobrecostes, la financiación de la Junta para el Metro de Sevilla alcanzó los 1.095 millones, más del 75% de la cifra prevista en el momento de la adjudicación, y el de Málaga aumentó en 1.391 millones, más del 112% respecto a la cifra inicial. La desviación a la construcción fue del 213,6% y la de la explotación ascendió al 100%.
Cómo se paga la obra pública La fórmula de pago de obra pública de la Junta es la concesión: la adjudicataria construye, financia, explota y, al final, transfiere a la Junta la infraestructura. La empresa cobra estos costes a través de la llamada tarifa técnica que incluye la totalidad de los costes más la rentabilidad esperada, por ejemplo, en el caso del Metro, los ingresos llegan por el billete que pagan los usuarios y un complemento que aporta la Junta. Para reducir esa tarifa técnica, el importe de la obra es subvencionado parcialmente por la Junta. Además, la empresa recibe una ayuda anual a partir del inicio de la explotación, que compensa la diferencia entre la tarifa técnica y el precio medio del billete percibido.
