El Pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer una Proposición no de Ley del PSOE, que fue apoyada por IU y contó con la abstención del PP, en la que se demanda a la Junta que impulse medidas para reforzar el prestigio y la autoridad del profesorado, como el reconocimiento de la autoridad magistral y académica y la promoción ante la Fiscalía de la calificación como atentado de las agresiones graves contra docentes.
El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, ya acordó con el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, esta posibilidad. El PP demandaba que se reconozca al profesor como autoridad pública e IU que la Junta se persone como acusación particular ante estas agresiones, pero ninguna enmienda de la oposición fue incorporada al texto.
Otras medidas sí incluidas se refieren a que el alumnado asuma su responsabilidad de acuerdo con su edad, la reprobación ante el Consejo Escolar del centro de las personas que causen daños, injurias u ofensa al personal docente; y la asistencia psicológica y jurídica gratuita al profesorado de centros públicos víctimas de estas agresiones.
Desde el PP-A, el diputado Santiago Pérez señaló que su grupo "comparte buena parte de las medidas" pero dejó claro que "ya tenían que haberse implantado hace mucho tiempo" y criticó que la actitud hasta ahora de la Consejería de Educación haya sido "minimizar" los casos de agresiones en el ámbito educativo. El parlamentario de IU José Antonio Castro demandó "la materialización de la dignificación de la función docente también en materia salarial".
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, advirtió de que "no basta con una norma para reconocer la autoridad del profesorado si la sociedad no lo apoya también" y señaló que es imprescindible que se revistan de autoridad.
