Mario (nombre figurado para salvaguardar su identidad) sale todos los días a trabajar a las siete de la mañana, cumple su horario, pasa unas horas en su casa y a las once de la noche ingresa en prisión. Su vida es casi normal, pero todavía no ha terminado de cumplir su pena por un delito de falsificación de moneda por el que fue juzgado 13 años después de cometerlo. Fue condenado a cinco años, hace dos ingresó en la cárcel de Sevilla y desde hace dos meses trabaja a diario y sólo tiene que ir al centro de inserción a dormir. Dentro de un mes le colocarán una pulsera telemática para controlar su situación y ya sólo tendrá que presentarse ante la Justicia una vez al mes.
Es uno de tantos internos que no ha terminado de cumplir condena pero está preparado para retomar su vida, siempre bajo tutela judicial, bajo una máxima que las prisiones potencian cada vez más: si el objetivo de la cárcel es la reinserción, a quien esté preparado hay que facilitársela.
Es la intención de un artículo de la Ley Penitenciaria, el 100.2, que se ha aplicado a uno de los presos más conocidos de los últimos años en Sevilla, José Marín, condenado a cuatro años y tres meses por las facturas falsas del distrito Macarena. Marín estaba en segundo grado, el más habitual en prisión: no podía salir de la cárcel pero no tenía medidas especiales de seguridad. Su comportamiento era bueno, tenía una oferta de trabajo en Ausbanc y la cárcel le permitió aceptarla, aunque aún no está en tercer grado, el que permite a los internos salir de la cárcel a diario.
El artículo 100.2, al que se acogió Marín, "aporta al segundo grado una flexibilidad que anticipa las circunstancias del tercer grado", explica Mercedes Moreno, directora del Centro de Inserción Social (CIS) Luis Jiménez de Azúa. Allí están los reclusos con medidas de prisión atenuada: acogidos al artículo 100.2, en tercer grado, con salidas por trabajo o estudios, en búsqueda de empleo, con pulseras telemáticas -éstos no van al centro, pero allí los controlan con un sistema informático- o en vías de ingresar en comunidades terapéuticas por una adicción. Estos últimos llegan al centro de inserción cuando logran autonomía para poder salir a la calle o cuando en prisión no hay tratamientos para su caso y deben ir a comunidades terapéuticas externas.
"No ponemos a la gente en la calle indiscriminadamente", insiste Moreno: "Además de haber cumplido determinada parte de su condena y de un comportamiento positivo, deben tener un pronóstico favorable con bajo riesgo de reincidencia, y seguir un programa individualizado". Por ejemplo, los que han sido tratados por adicción a las drogas o al juego, o tras una condena por violencia de género, siguen programas para evitar recaídas.
La apertura en 2008 del CIS, con más de 400 plazas, supuso un impulso a estos programas, que ya se estaban fomentando en la cárcel de Sevilla, la de Morón y la de mujeres de Alcalá de Guadaíra. Este mes, el CIS tiene a 300 personas en prisión atenuada: 17 acogidos al artículo 100.2; 69 preparados para buscar trabajo metidos en programas para lograrlo; 79 saliendo a diario a trabajar -y uno a estudiar a la Universidad-; 100 controlados con una pulsera telemática y 35 que han superado una adicción pero salen a las comunidades terapéuticas para tratarse. "Fallos siempre puede haber, y alguno ha tenido que volver a prisión, pero son pocos casos", explica la directora.
Todo comienza cuando un preso ingresa en la cárcel. Para lograr su reinserción, el centro tiene en cuenta dos conceptos: el régimen y el tratamiento a seguir. La ley es clara y establece que el régimen, que supone cómo vivirá el interno, debe adaptarse al tratamiento, según explican fuentes próximas a Instituciones Penitenciarias: es la clave que permite adaptar las condiciones de vida de un preso a sus necesidades específicas, siempre que se cumplan unos requisitos.
Por ejemplo, el 100.2 se suele conceder a presos con una vida normalizada que cometen un delito puntual. Como los que llevan a cabo una estafa azuzados por la crisis, los que acaban en prisión por no tener dinero para pagar la pensión a su familia tras un divorcio o los que han cometido delitos de tráfico, que suelen tener una vida estructurada, apoyo familiar y muchas veces condiciones para encontrar un trabajo.
Por eso son aptos -siempre que lo ratifique la junta de tratamiento- para acogerse a este artículo, que les avanza los beneficios del tercer grado. Pero con condiciones, como ser presos primarios que no hayan cumplido condena antes, lo que excluye en torno al 66% de la población reclusa de Sevilla, que es reincidente. "Con el fin de hacer el sistema más flexible, el equipo técnico podrá proponer a la junta de tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado", recoge literalmente este artículo.
Según estos programas personalizados, algunos pueden salir a trabajar, pero el CIS tiene otros recursos: algunos de los internos siguen cursos de formación ocupacional y búsqueda de empleo que se dan en el exterior, como los tres financiados por la UE a través de la Fundación La Caixa, a la que se le han solicitado tres más. Recientemente se ha abierto también un economato en el CIS, que permite trabajar a cambio de un sueldo a internos que ya están preparados pero no encuentran empleo.
El trabajo o el deseo de completar unos estudios sirve de incentivo a los internos en vías de retomar una vida normalizada, lo que es muy positivo para la reinserción. Es el caso de Marín, que en los once meses que ha estado preso ha sido "colaborador" hasta el punto de impartir clases a otros compañeros. "A muchos les enseñaba a leer y a escribir, y también impartí clases sobre el uso de la tarjeta de crédito o hipotecas", recuerda. Un trabajo que compatibilizaba con el control del módulo de respeto en el que estaba interno, empleado en la secretaría. Esto le permitió que el informe del educador calificara de "excelente" su comportamiento.
Marín también cumple, según las fuentes consultadas, el resto de los parámetros. No es un preso con riesgo de reincidencia, máxime cuando ingresó en la cárcel a los nueve años de ocurrir los hechos, tiempo en el que no volvió a delinquir. Tampoco existe riesgo de fuga y todos los informes señalan que está arrepentido, otra máxima importante. No obstante, las fuentes consultadas recuerdan que este tipo de beneficios "se puede revocar en cualquier momento", de forma incluso "más fácil que un tercer grado".
El caso de Mario es similar: tras su estafa informática, que pudo realizar gracias a sus amplios conocimientos de tecnología, durante su paso por prisión se alejó por completo de los ordenadores y se centró en sus aficiones por el arte o la escritura. "Me he desactualizado en mis conocimientos informáticos", admite, "y he colaborado en muchas actividades para ayudar a otros internos". A los tres meses ya tenía una oferta de trabajo, y al contar con apoyo familiar y buen pronóstico logró el tercer grado. En su entorno, todos saben que está cumpliendo una condena.
Mario afirma que en prisión los equipos de tratamiento no podían hacer más por él: "Yo no tengo un problema que se solucione con los cursos que hay en prisión para la drogadicción o la violencia de género. Soy una persona formada, tengo mi vida estable, a mi mujer y a mis hijos... no hay tratamiento para mí". Puesto a buscar problemas, afirma que él tiene forma de entrar y salir del CIS, pero que otros lo tienen muy difícil para ir a trabajar cada día porque no hay ningún transporte y el centro está a varios kilómetros de la ciudad.
Es uno de los escollos del CIS, que ya ha tenido dos reuniones con Casal para intentar establecer una línea de autobús para que los presos salgan a trabajar y puedan regresar. Hay unos 50 que tienen que salir a diario, y ahora lo hacen gracias a ONG como Horizontes Abiertos o la Pastoral Penitenciaria, que los recogen para llevarlos adonde necesiten.
Un caso muy especial de prisión atenuada es la unidad de madres, en la que 21 mujeres conviven con 26 niños menores de tres años. La condición imprescindible es que estén dispuestas a centrarse en su cuidado y seguir los programas sobre hábitos de higiene y alimentación, cuidados físicos y emocionales, juegos... Es un módulo lleno de color que funciona de forma autogesionada: las madres asumen la limpieza, se ocupan de las comidas y la ropa y salen para acompañar a sus hijos al médico, a ponerles las vacunas o tramitar su documentación. Los pequeños van a la guardería y las madres pueden trabajar esas horas, pero las tardes las comparten. "Sabemos que algunos niños, al salir, volverán a entornos complicados, pero nos consta que lo que aprenden a esa edad lo recuerdan siempre", dice la directora del CIS.
