El presidente de la Generalitat de Valencia, Albert Fabra, admitía esta semana que Endesa estuvo a punto de cortarle la luz en su despacho. Horas después, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá -predecesora de Juan Ignacio Zoido al frente de la FEMP-, calificaba públicamente de "vergonzosa" e "injusta" la actitud amenazante de la eléctrica con las administraciones locales y admitía que se encontraba contra las cuerdas. Ni en la comunidad ni en el consistorio valenciano ha cambiado el gobierno el 22 de mayo. No había a quién echarle las culpas. En Sevilla, sin embargo, sí lo hay. El gobierno, lejos de salir a denunciar un mal endémico de las administraciones locales, se lanzó a criticar que hacía más de un año que no se pagaba la luz por la incompetencia del anterior gobierno -sí se abonaba pero había deudas por la subida anual del 5% que se aplica desde 2010- y que la ciudad se iba a quedar a oscuras. De forma casi inmediata se aprobó una macromodificación presupuestaria que dejó recortes en todas las área s. "Los niños se iban a quedar sin calefacción, las calles sin luz", advertía el viernes la delegada de Hacienda, Asunción Fley.
RECORTES. La comparación entre la actuación de estas administraciones refleja la tendencia a la dramatización, a la exageración que está marcando el arranque del nuevo gobierno. Si bien es cierto que la política cortoplacista de PSOE e IU, especialmente a partir del ecuador del mandato, ha dejado prácticamente bloqueado el Ayuntamiento hasta el cierre del presente ejercicio, también lo es que la precariedad de las cuentas municipales es un lugar común de todos los ayuntamientos del país una vez que el urbanismo ha dejado de dar dinero -en Sevilla además se desaprovecharon estas rentas con proyectos excesivos como el de la Encarnación-. Y Juan Ignacio Zoido, como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, debe ser el primero en asumirlo. No en todas las ciudades gobernaron Monteseirín y Torrijos para echarles las culpas.
SUBVENCIONES. El problema estructural de los ayuntamientos hace que los recortes caigan en cascada, especialmente en las políticas sociales. Las delegaciones de Empleo y Bienestar Social del Ayuntamiento están basadas en una política de programas temporales financiados por el Gobierno central o la Junta. No hay una base propia. De ahí que no sólo estén en riesgo los programas de Zonas de Transformación Social o el plan Redes de fomento del empleo. Están en peligro casi todas las prestaciones que ofrece el Consistorio y decenas de puestos de trabajo basados en estas ayudas que no forman parte de la plantilla municipal como tal.
PERSONAL MUNICIPAL. No son los únicos servicios que peligran ante la falta de recursos del Consistorio. El personal contratado por el Ayuntamiento a través de los fondos autonómicos para mantener las bibliotecas abiertas acaba sus contratos en el mes de octubre. Y cuando esto ocurra no hay personal para cubrir esta ausencia. Más aún si se ejecuta el criterio de ahorro que, sin difundirse públicamente, se está aplicando en la plantilla desde hace meses. Las plazas vacantes sin cubrir se están multiplicando en todos los servicios. Y más que va a haber. Se está aplicando estrictamente la tasa de reposición del 10%, un concepto que implica que sólo se cubre una de cada diez vacantes con interinos. Si se mantiene este sistema, el personal laboral se puede recortar hasta tal punto que hay unas 900 plazas de interinos en juego y servicios básicos como la limpieza en una situación cada vez más precaria. De ahí la preocupación de los sindicatos, que esta semana ya empapelaron el despacho de la responsable de Hacienda como acción de protesta.
TRANSPARENCIA. Mientras tanto, la plantilla y las retribuciones de los altos cargos se han recortado, pero sin llegar a la reestructuración que necesitaba la administración local -y que iba en todos los programas electorales-. El compromiso se ha cumplido sólo parcialmente, y en la parte que se ha cumplido es difícilmente evaluable. El Ayuntamiento incumple desde hoy una exigencia de transparencia aprobada por unanimidad en el Pleno del Consistorio de enero de 2008. Fue entonces cuando se acordó la difusión de las declaraciones de bienes y actividades de todos los delegados y altos cargos del gobierno municipal. Se debía difundir a través de la web municipal y el plazo límite para hacerlo era el mes de septiembre. El Consistorio sólo ofrece las declaraciones que dejaron los altos cargos del anterior mandato antes de dejar sus puestos. Ni rastro de la nueva Corporación.
