El Tribunal Supremo comenzará a juzgar este martes a Baltasar Garzón por un supuesto delito de prevaricación al investigar sin competencia los crímenes y desapariciones del franquismo, lo que le puede costar su inhabilitación como juez durante 20 años.
Se trata de la segunda ocasión en pocos días en la que el titular del juzgado Central de Instrucción número 5 se sienta en el banquillo para enfrentar una posible pena de inhabilitación, después de haber sido juzgado la pasada semana por intervenir los encuentros de los cabecillas de Gürtel con sus abogados en prisión.
Concretamente, el día 24 se ha citado a las partes para tratar las cuestiones previas a la vista -posibles peticiones de anulación por vulneración de derechos fundamentales- y el asunto se reactivará el 31 de enero, que será cuando previsiblemente se interrogue al juez de la Audiencia Nacional, que fue suspendido cautelarmente en sus funciones en mayo de 2010. Las sesiones proseguirán hasta mediados de febrero.
La Fiscalía no presenta acusación y solicita la libre absolución de Garzón -mantiene la misma postura en los tres procedimientos abiertos al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5-, si bien el sindicato Manos Limpias, que concurre como acusación popular junto a la asociación Libertad e Identidad, pide que Garzón sea multado e inhabilitado por 20 años. Garzón será representado en esta causa por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda.
Fuentes de la acusación señalaron a Europa Press que esta parte, cuya representación ejercerá el letrado Joaquín Ruiz Infante, sí tiene previsto presentar cuestiones previas, entre ellas la de recusar al miembro de la Sala Perfecto Andrés Ibáñez, que consideran carece de imparcialidad necesaria por dirigir una publicación en la que se tildó a esta parte de "plataforma de la ultraderecha". La Sala ya ha rechazado esta petición sin necesidad de elevar el asunto a la Sala del 61, pero Manos Limpias previsiblemente volverá a plantearla.
La causa contra Garzón, conocido mundialmente por su lucha contra ETA y la apertura de causas de justicia universal, como la que permitió la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet, ha levantado gran expectación y se espera la asistencia a la vista de numeroso público, entre el que se encontrarán observadores internacionales pertenecientes a organizaciones de derechos humanos.
Al igual que ocurrió con ocasión del juicio por las escuchas de Gürtel, la Plataforma de Apoyo de Garzón, a cuyo frente se encuentran destacadas personalidades del mundo de la cultura, como el poeta Luis García Montero o la actriz Pilar Bardem, han convocado concentraciones a las puertas del tribunal por lo que consideran un "juicio político" contra el único magistrado que ha enjuiciado la dictadura de Franco.
También se repetirá la expectación causada por este procedimiento entre la prensa a nivel nacional e internacional, ya que están acreditados más de 200 periodistas procedentes de diversos países, casi una treintena extranjeros. En la sala de vistas habrá sitio para un centenar de personas.
En su escrito de acusación, Manos Limpias sostiene que en todas sus actuaciones, el magistrado de la Audiencia Nacional "era perfectamente consciente de su incompetencia; de la retroactividad sancionadora que adoptaba; de la prescripción de los delitos que perseguía; del fallecimiento de víctimas y autores; de la creación de una causa general en contra de los principios de legalidad, culpabilidad y personalidad; de la inaplicación del derecho consuetudinario internacional, y de la infracción en suma de los más elementales criterios de legalidad".
Por ello, solicitan al Supremo que imponga a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acusación Popular.
Según el sindicato -uno de las tres organizaciones que se querellaron por esta causa junto a la Falange de las JONS, que fue expulsada del procedimiento y la asociación Libertad e Identidad-, "el momento culminante de la antijuridicidad" cometida por el magistrado es su auto de 16 de octubre de 2008" en el que, contra el criterio del fiscal, declaró la competencia de la Audiencia Nacional para la investigación y enjuiciamiento de los hechos denunciados por asociaciones de memoria histórica.
