La Comisión Europea (CE) demandó hoy a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber adaptado correctamente a su ordenamiento jurídico la legislación comunitaria que obligaba a abrir a la competencia parte de los servicios ferroviarios en 2003.
El Ejecutivo europeo inició procedimientos legales contra España y otros 12 países (Austria, República Checa, Alemania, Grecia, Hungría, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Polonia, Portugal y Eslovenia) al considerar que "aún hay problemas importantes que resolver" en la aplicación del conocido como "primer paquete ferroviario".
Este paquete está formado por tres directivas (leyes-marco) que tienen por objetivo liberalizar el mercado internacional del transporte ferroviario de mercancías y mejorar la eficacia y puntualidad del tráfico transfronterizo.
El plazo para que los países adaptaran su legislación nacional al paquete expiró en marzo de 2003.
La CE señaló en un comunicado que los 13 países remitidos al Tribunal de Justicia europeo infringen la normativa ferroviaria comunitaria de diferentes maneras, en especial al no garantizar de una manera "suficiente" la independencia de la gestión de la infraestructura ferroviaria.
Las otras dos infracciones más frecuentes son, según el Ejecutivo europeo, la aplicación impropia de las disposiciones sobre fijación de las tarifas de acceso a las vías, y no haber establecido aún un organismo de regulación independiente.
Respecto a España, el portavoz de Transportes de la Comisión Europea Dale Kidd explicó que aunque se han hecho "buenos progresos en puntos menores", aún no se han cambiado las mencionadas tarifas y no se ha establecido un organismo regulador independiente.
En concreto, la Comisión Europea detectó seis infracciones del paquete en España.
En primer lugar, el gestor de las infraestructuras ferroviarias no determina por sí mismo los cargos que se aplican por el uso de las infraestructuras.
Además, no existe un esquema de actuación que fomente que las compañías ferroviarias y los gestores de infraestructuras minimicen las interrupciones en las líneas y mejoren el funcionamiento de la red ferroviaria.
La CE también señaló que el organismo regulador no tiene poderes suficientes para realizar un seguimiento del estado de la competencia en el mercado de servicios ferroviarios y que tampoco es lo suficientemente independiente de la compañía ferroviaria y la empresa gestora de infraestructuras.
Recalca que el organismo regulador depende del mismo ministerio que, además, controla la compañía ferroviaria estatal (Renfe) y la gestora de las infraestructuras (Adif).
Finalmente, la CE indicó que las normativas destinadas a regular las cuotas de capacidad para vías ferroviarias internacionales son insuficientes.
En 2008, la CE ya expedientó a 24 Estados miembros, entre ellos España, por no adaptar "correctamente" a su ordenamiento jurídico el primer paquete ferroviario; un año después, 21 de estos países recibieron un segundo aviso para que pusieran al día su legislación nacional, paso previo a la denuncia que hoy a interpuesto la CE contra los 13 países mencionados.
El "primer paquete ferroviario", aprobado en 2001, exige a los Estados miembros que garanticen el derecho de acceso de los servicios internacionales de ferrocarriles a la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T).
Esa primera fase abrió parcialmente a la competencia los más de 50.000 kilómetros de vías férreas de la UE de cara a la liberalización total del sector.
