Los empresarios dieron ayer su visto bueno, pero "con reservas", al decreto que regulará los campos de golf en Andalucía. Justifican su apoyo en la necesidad de sacar al sector de la parálisis actual, pero afirman que la norma "demorará en varios años" los nuevos proyectos.
La comisión permanente del Consejo Andaluz de Turismo -integrada por la Consejería del ramo, los sindicatos, los empresarios, la Unión de Consumidores y la FAMP- emitió ayer su dictamen favorable al último borrador del decreto por unanimidad de todas las partes.
A pesar de las reticencias de la patronal sobre el proceso de adaptación al decreto de los campos ya existentes, el borrador mantiene el plazo de dos años para realizar esa adaptación, un plazo que la CEA sigue considerando escaso, según su representante en el Consejo de Turismo, Baltasar Fernández. Sin embargo, flexibiliza los requisitos estructurales de dicha adaptación, tanto para los campos generales como para los que aspiren a la declaración de interés turístico -los únicos a los que se permitirá asociar edificios de uso residencial-. A ambos se les exige una distancia mínima entre calles y con las edificaciones más próximas pero se añade la coletilla "salvo que en razón al trazado y características topográficas del campo pudieran adoptarse otras disposiciones siempre que queden garantizadas las condiciones de seguridad". El representante de UGT en el Consejo, Rafael Navas, reconoce que "algunas condiciones exigidas en el decreto no pueden ser cumplidas por muchos campos por limitaciones físicas, por eso si se compensan con otras medidas seremos flexibles".
Sin embargo, el motivo del apoyo "con reservas" de la CEA al texto es el procedimiento establecido para tramitar los proyectos de futuros campos. Se exige que estén previstos en los PGOU o planes de ordenación territorial de ámbito subregional para el caso de los campos de interés turístico. En caso contrario, los planes deberán ser revisados. Si un campo ya existente es declarado de interés turístico en un territorio que carece de plan de ordenaación subregional, se instará a la elaboración del mismo. Para la CEA, se trata de un proceso "complejo, riguroso y, en ciertos aspectos, incierto, que demorará en varios años" los proyectos.
