Ni es la panacea ni pretende acabar con la crisis de la noche a la mañana, pero las manos unidas del presidente de la Junta y los líderes sindicales y empresariales tras firmar ayer el VII Acuerdo de Concertación Social escenifican un compromiso para remar todos en la misma dirección con un fin: sacar a Andalucía de la crisis cuanto antes y preparar su tejido empresarial y mercado laboral para que futuros envites no la dejen tan tocada.
Aunque tanto el presidente José Antonio Griñán como Manuel Pastrana (UGT) y Francisco Carbonero (CCOO) subrayaron el "ejercicio de responsabilidad" que supone haber logrado el pacto en las "difíciles" circunstancias actuales, fue el presidente de los empresarios, Santiago Herrero, el más claro en su defensa de los beneficios del pacto frente a quienes lo consideran "papel mojado" -expresión usada casi a la misma hora de la firma por el presidente del PP, Javier Arenas, en un acto en Algeciras- o una forma de silenciar a sindicatos y empresarios: "¿Piensa alguien que es mejor un escenario distinto al del acuerdo? ¿Es mejor acaso la confrontación", interrogó quien sabe de ambos, pues preside también la Comisión de Relaciones Laborales de la CEOE, que desde verano mantiene roto el diálogo con el Gobierno central y los sindicatos.
Consenso y control. En un acto al que asistió todo el Ejecutivo andaluz -a petición de los agentes socioeconómicos como muestra de compromiso conjunto no siempre percibido- y representantes de todas las fuerzas políticas a excepción del PP, la firma del pacto social supone continuar con 15 años ininterrumpidos de diálogo tripartito, aún en tiempos de crisis y en los que, reconocido por ellos, las relaciones de patronal y sindicatos no pasan por su mejor momento. Un diálogo que permite decisiones políticas orientadas a reactivar la economía y el empleo, con una apuesta por la innovación y la responsabilidad social de las empresas, y a garantizar la cobertura social de Andalucía tengan que ser consensuadas, y sometidas a constante evaluación, con quienes gestionan empresas y quienes defienden a los trabajadores, es decir, quienes más sufren los efectos de las crisis y en cuyas manos está remontarla.
Ese es el mensaje que ayer quisieron dejar todos claro: que el acuerdo firmado hasta 2013, y van siete, es "un punto de encuentro entre todas las partes implicadas en la resolución de los problemas de Andalucía", como dijo Carbonero;"la herramienta que contiene lo que podemos y debemos hacer juntos frente a la crisis, para cambiar el modelo productivo y crear empleo" -concretado en 350 medidas con una financiación de 19.000 millones de euros- según destacó Pastrana;"un ejercicio de reflexión, propuesta y planificación para el desarrollo de la comunidad", en palabras de Herrero;o "un proyecto de futuro con garantía de permanencia porque sus objetivos, estrategias e instrumentos son asumidos y compartidos por la mayoría de la sociedad".
El orgullo por ser capaces de "arrimar el hombro" y anteponer el interés general aún renunciando, en la negociación, a propuestas importantes a nivel individual para cada organización;el mensaje de "confianza" a la sociedad;y un aviso de que pactar no significa renunciar a la crítica si se incumple lo pactado centraron las intervenciones. Si el presidente andaluz defendió que "la concertación forma parte de nuestra cultura económica" además de ser un "mandato estatutario", fue Santiago Herrero quien más arremetió contra quienes ponen en duda su validez y la legitimidad de las partes firmantes.
"Resulta curioso que las partes negociadoras recibimos primero la demanda de la opinión pública para que alcancemos un acuerdo y posteriormente la crítica por haberlo alcanzado", lamentó, y a continuación dejó claro que la CEA no es "el brazo ejecutor de los gobiernos ni el brazo armado de las oposiciones".
Herrero también arremetió contra quienes "confunden inversiones previstas en los programas del acuerdo con supuestas subvenciones a las organizaciones firmantes" al recordar que el dinero de éstos "no lo gestionan los empresarios sino el Gobierno" y criticó que "aquí se censuren" pactos que en otras comunidades con gobiernos de distinto signo se aplaudan como "signo de independencia".
"La opinión es libre y legítima, pero los hechos son concluyentes. Y la verdad es que la concertación facilita la labor de las empresas y ayuda al mantenimiento y la creación de empleo", concluyó.
Se puede decir más alto pero no más claro. A tenor de los asistentes al acto y los discursos, el PP se quedó ayer sólo en sus críticas a "la foto".
