Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla que denunció las "graves" irregularidades existentes en la concesión de cursos de formación, ha asegurado hoy ante la jueza Mercedes Alaya que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos cobraron comisiones de hasta el 20 por ciento por subcontratar cursos a terceros. Su interrogatorio continúa mañana, tras haber estado ya diez horas declarando repartidas en dos jornadas. El principal testigo de la investigación abierta por el fraude de la formación ha destacado hoy en su declaración el negocio que tanto la CEA como las organizaciones sindicales supuestamente tenían con estos cursos, ya que cobraban hasta un 20% de comisiones a terceros a cambio de la adjudicación de los cursos. Es decir, que aquellas empresas que estuvieran interesadas en obtener la gestión de uno de estos cursos tenía que pagar por ello a estas entidades, según explicaron fuentes del caso. Un dato que llegó a conocer por las quejas de los propios afectados, según ha contado, en un interrogatorio en el que se ha centrado especialmente en cómo desarrolló la CEA esta práctica. De hecho, en su declaración ante la Guardia Civil, en agosto de 2013, ya explicó que la cantidad de fondos aplicados a la formación continua hizo que estas entidades no fueran capaces de gestionar todas las acciones formativas que le eran asignadas. Ante este hecho se llegó a cambiar la normativa para que se pudiera subcontratar, pero lo que no recoge ésta es que a cambio de la misma y de antemano se percibiera por ello. El testigo ha vuelto a insistir en la falta de medios, del mal funcionamiento y la carencia normativa que existe en la Administración andaluza para poder llevar a cabo su labor de control de las subvenciones otorgadas a estos cursos. En su relato de irregularidades ha llegado a señalar el caso de un curso celebrado en Sevilla y gestionado por una entidad en el cual los alumnos, todos ellos discapacitados, habrían sido maltratados física y psicológicamente", añadiendo que los alumnos dieron el curso "en condiciones extremas y con riesgo para su salud, en pleno verano a las cuatro de la tarde, en un lugar cerrado y a 60 grados centígrados". Como supervisor fue él mismo quien acudió a comprobar el desarrollo de este curso de formación y se encontró a los alumnos discapacitados "dormidos", por lo que cree que, "para evitar que se alteraran o se sublevaran" ante las condiciones en las que se estaba dando el curso, "los monitores-responsables les habían suministrado medicamentos para tranquilizarlos". Por ello decidió suspender el curso. Además, ha explicado que los alumnos eran utilizados como mano de obra barata, ya que les ponían a realizar tareas de limpieza Las mimas fuentes han apuntado que la declaración de Teodoro Montes extiende una sombra de sospecha general sobre los cursos de formación. De hecho, ha dicho que solo en Sevilla durante un año se llegaban a realizar entre 3.000 y 3.500 cursos solo a desempleados, lo que supone que en toda Andalucía se eleven a unos 20.000 o 25.000 curos. Por último, Montes protagonizó un episodio con los abogados defensores, pues interrumpió su declaración para expresar que se sentía molesto porque su declaración literales había aparecido en los medios de comunicación y temía que estuviera siendo grabado. Alaya le aclaró que los letrados no hacen esas prácticas ilícitas y que ellos, en ejercicio de su derecho a la defensa, podían realizar las declaraciones que estimase oportuno a la prensa.
