No era una propuesta formal de la CEOE, sino sólo un "ejemplo". Fue la respuesta que dio ayer el presidente de los empresarios, Gerardo Díaz Ferrán, cuando se le cuestionó acerca del contrato de inserción para jóvenes sin indemnización por despido ni derecho al paro. Y eso pese a que un día antes el director de relaciones laborales de la patronal, José de la Cavada, había abundado en esa posibilidad.
"Lo que se comentó en un pasillo del Congreso es un ejemplo de lo que hay en Francia, pero hay otros contratos y lo que queremos es consensuar con los sindicatos uno para jóvenes, pero que no sea basura, sino todo lo contrario, que después se pueda enlazar con otro más estable", subrayó Díaz Ferrán en declaraciones a Antena 3.
El patrón de patronos aseveró que esa propuesta "ni se ha puesto ni se pondrá de esa manera" sobre la mesa del diálogo social, ya que uno de los objetivos de la reforma laboral que se debate en su seno es precisamente buscar una mayor empleabilidad de los jóvenes, ofreciéndoles una "solución urgente" para que encuentren un trabajo.
Además, Díaz Ferrán, que consideró que "no es bueno "radiar" las negociaciones que están manteniendo Gobierno y agentes sociales para reformar el mercado de trabajo, subrayó que la CEOE no tiene intención de dinamitar el diálogo social.
Por si la aclaración no fue suficiente, la organización envió un comunicado en el que volvió a desmentir "tajantemente" que esté a favor de ese contrato.
De la Cavada se quedó así solo al defender un contrato de inserción para menores de 30 años, con una duración entre seis meses y un año, sin protección de desempleo y sin cuotas empresariales a la Seguridad Social.
Y muy solo, pues las reacciones fueron todas contrarias, a excepción del PP que dijo no conocer la propuesta.
Así, el Gobierno consideró que ni la iniciativa ni el momento de plantearla son los adecuados. La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, se mostró sorprendida y dijo que debería haberse debatido de otra manera. Además, precisó que "no es un buen comienzo para el diálogo social, que será donde deba debatirse".
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, coincidió en que la medida "no es la más adecuada ni llega en el momento más adecuado", y expresó su deseo de que no se plantee formalmente. Aunque destacó la necesidad de esforzarse para estimular la creación de empleo, subrayó que no se puede "precarizar mucho más el trabajo". En esa idea ahondó el ministro de Fomento, José Blanco, ya que lo que necesita España es "estabilidad".
La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, aseguró que el Gobierno no va a reducir "en ningún caso" derechos laborales, ni asumirá propuestas que menoscaben los derechos de los trabajadores, aunque subrayó que el Gobierno no tiene "líneas rojas".
CCOO confirmó las palabras de Díaz Ferrán ya que, según su responsable de Comunicación, Fernando Lezcano, la CEOE no lo planteó en la mesa del diálogo social, al tiempo que advirtió de que si lo hiciera, los sindicatos lo interpretarán "como una provocación". Su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, señaló que algunas propuestas de la CEOE en ese marco "no deberían ni valorarse", pues pueden llegar a "dinamitar" la mesa de negociación.
El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, rechazó "total y absolutamente" la propuesta y señaló que su formación sólo concibe el diálogo social para "mejorar" los derechos de los jóvenes, dentro de las fórmulas contractuales vigentes.
Al portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, el modelo de contrato que le interesa es el que proponga el Gobierno, que aún no conoce, y alegó sobre el de inserción no saber "en qué consiste". Tampoco lo valoró la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que dijo no tener constancia de los términos en que se planteó.
Más tajante fue el responsable de Economía y Trabajo de IU, José Antonio García, que calificó de "ensayo de terrorismo empresarial" la iniciativa, y el portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, para quien su implantación significaría "la esclavización" de la juventud.
El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, expresó sus dudas de que las propuestas de la CEOE cuenten con una "base social de apoyo importante" como para que sean estables.
Y el Consejo de la Juventud de España vio "una irresponsabilidad y una injusticia social, ya que pretende que los jóvenes paguen las consecuencias de la crisis, cuando son uno de los sectores más afectados".