Hoy, enésima reunión entre patronal, sindicatos y Gobierno en el marco del diálogo social. Y el punto de partida no está nada claro. Los empresarios insisten en que no se pueden pronunciar sobre una propuesta, la de la Administración, que consideran que no es ni "concreta" ni "adecuada".
Hará falta un gran esfuerzo para encauzar el diálogo social si se mantiene la intención de cerrarlo -con acuerdo- antes de agosto. El último movimiento, aunque no está plasmado en el papel, apunta hacia la dirección de ampliar hasta un año el periodo en el que los parados que hayan agotado su prestación puedan beneficiarse de una ayuda de 420 euros.
Eso, en lo que alude a la principal reclamación de los sindicatos, porque, en lo referente a la patronal, ésta no se muestra demasiado conforme con los dos puntos de rebaja que, según fuentes de la negociación, estaría dispuesto a ceder el Gobierno.
Por contra, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, aseguró ayer que la nueva propuesta del Gobierno en materia de diálogo social "no es concreta" ni "adecuada" para que los órganos de decisión de la patronal se pronuncien sobre ella.
La Junta directiva de la CEOE analizó, entre otros puntos, la situación de las negociaciones, después de que el pasado día 2 las demandas de los empresarios y el rechazo de los sindicatos obligasen al Ejecutivo a reconducir el diálogo social y presentar un nuevo borrador de trabajo.
Según una nota de la CEOE, Díaz Ferrán explicó que, en el momento en que exista una "base suficiente" para pronunciarse, se convocará una nueva Junta.
Mientras, defendió la "firme voluntad" de la patronal de seguir negociando "más allá de plazos" los acuerdos que necesita la economía española. Y aseveró que los representantes empresariales no se levantarán "en ningún momento" de la mesa de negociación hasta que se llegue a un acuerdo para implantar una serie de medidas "estructurales" que mejoren la competitividad de las empresas, la recuperación económica y la creación de empleo.
Hoy está prevista una nueva reunión entre las partes en la que los agentes sociales transmitirán al Gobierno su opinión sobre los cambios que ha introducido al nuevo documento de trabajo.
Por su parte, los sindicatos defenderán, dijo ayer el secretario general de UGT, Cándido Méndez, que la ayuda de 420 euros no sea una medida temporal sino definitiva. Respondía así al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que declaró que las iniciativas que se adopten, relativas tanto a la rebaja de las cotizaciones como de ayudas a los parados, tendrán fecha de caducidad. Y 2011, dijo, será el año de inflexión.
