La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha afirmado este martes que acata la sentencia del Tribunal Supremo en la que ratifica la paralización de las obras del trasvase del río Castril para abastecer a Baza, toda vez que el Real Decreto de Sequía que justificaba este y otros proyectos para corregir los efectos de la sequía de las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro, ha quedado anulado.
En un auto del 13 de abril de 2011, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS desestima el recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado para reclamar la continuidad del proyecto y requiere al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) que informe de la situación en que se encuentran las obras para la construcción de una conducción de abastecimiento de agua a Baza desde el embalse del Portillo.
De esta manera, fuentes de la CHG ha indicado a Europa Press que "acatan la ratificación del TS, como no podía ser de otra manera". Además, ha señalado que desde este momento se pondrán a disposición del citado órgano judicial para facilitarle toda la información que requieran al respecto del proyecto".
Estas obras de canalización afectan a los términos municipales de Castril, Cortes de Baza, Benamaurel, Baza y Zújar y ha supuesto una serie de expropiaciones de tierras a particulares que también ahora quedan sin efecto.
La Plataforma en Defensa del Río Castril siempre ha mantenido que los trabajos eran "ilegales" porque el Real Decreto de Sequía de 2005 que lo justificaba ha sido anulado en 2010. Sin embargo, esta versión no era compartida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la Subdelegación del Gobierno en Granada y los municipios afectados, que en su día consideraron que este proyecto no estaba afectado por la anulación de la citada normativa y se optó por continuar los trabajos.
Al respecto, el Tribunal Supremo indicó en su día que las obras "no tienen otro amparo ni cobertura que la del mentado Real Decreto declarado nulo en sentencia firme por lo que" se acceden a las pretensiones formuladas por la Plataforma, personada en este caso, para que se paralicen las obras y las expropiaciones derivadas de las mismas.
Por el momento, no se ha acordado la demolición de lo que se ha construido hasta ahora hasta conocer el alcance de los trabajos, de lo que deberá informar el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
