La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) solicitará al Ministerio de Medio Ambiente que haga una excepción en la normativa vigente y autorice que la industria de las energías verdes pueda utilizar el agua de concesiones para regadío. La propuesta cuenta con el apoyo unánime de la Junta de Gobierno de la Confederación.
La Ley de Aguas vigente no permite esta permuta puesto que veta los cambios en las concesiones de agua hacia usos considerados de menor prioridad, y no al contrario. En la jerarquía de estos empleos del recurso hídrico que establece la norma (artículo 60) se encuentra, en primer lugar, el abastecimiento de la población, al que le siguen el regadío y los usos industriales para producción de energía eléctrica. La Confederación enviará esta propuesta a Madrid la semana que viene tras ser aprobada por unanimidad por los agentes sociales en la Junta de Gobierno del pasado 12 de diciembre. En Andalucía, hay dos proyectos termosolares, de Abengoa (en Sevilla) y Andasol (en Granada), que se podrían beneficiar de esta iniciativa.
Aunque la solicitud de la CHG contempla sólo usos del agua en la producción de energías verdes como la termosolar y la biomasa, de prosperar esta iniciativa se abre la puerta a que otros tipos de producción energética, como las centrales térmicas de ciclo combinado, pudieran acceder en un futuro al agua destinada a los cultivos.
La petición tiene visos de prosperar. En primer lugar porque la futura ley de aguas estatal será más lasa en el intercambio de concesiones de agua (permitirá, entre otras cosas, la compraventa de agua entre cuencas, cuando estén conectadas con un trasvase); y en segundo término porque, según fuentes del organismo gestor de la cuenca del Guadalquivir, ya ha habido una reunión con el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, quien se ha mostrado favorable a conceder esta excepción legal.
Inédita en España. La CHG justifica esta iniciativa apelando a intereses sociales y económicos, puesto que la industria energética otorga al agua una rentabilidad mucho mayor que la agricultura. La Directiva Marco de Aguas, aprobada por Bruselas en julio 2000, introduce también en las políticas hídricas el carácter prioritario de la gestión sostenible vinculado a la consideración del agua como un elemento vertebrador social y económico (artículo 5).
Ésta es la primera vez en España que una Confederación realiza una propuesta al Ministerio para alterar el uso del agua. Sólo existe un precedente, en Extremadura, en que la Confederación Hidrográfica del Guadiana dio agua en principio prevista para regadío para uso industrial, pero fue porque estos recursos quedaron libres al no ser reclamados en concesión por ningún regante. En el Guadalquivir toda el agua está otorgada.
La petición que ha realizado la CHG consiste en que la industria podrá emplear hasta un máximo del 80% del agua asignada a cada concesión, de modo que el 20% restante sirva de garantía para que no haya impacto ecológico en la cuenca, actualmente deficitaria.
