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La Ciudadanía perdida

El PSOE prevé elevar a la UE una queja por el “incumplimiento adquirido por el Gobierno de España con el Consejo de Europa” si el PP consuma la eliminación de la asignatura.

el 16 dic 2012 / 20:57 h.

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33 La reforma educativa de Wert recoge la eliminación de Educación para la Ciudadanía.

Desde que Educación para la Ciudadanía (EpC) entró en el currículum español, en el curso 2007-2008, esta materia obligatoria que se imparte en 3º de ESO y en 5º de Primaria ha sido vilipendiada por la jerarquía de la Iglesia Católica y por la cúpula del PP. Los populares han alentado el derrumbe de la asignatura varias veces por la vía judicial, y al final, cuando los más altos tribunales del país (el Constitucional y el Supremo) han subrayado la legalidad de EpC y la inocuidad de sus contenidos didácticos, han optado por eliminarla desde el Gobierno, cambiando la ley que la ampara. El PSOE espera ahora que se consume la aniquilación de la asignatura para acudir a los organismos internacionales que la crearon (el Consejo de Europa, la Comisión Europea y en última instancia la ONU) y denunciar ante ellos "el incumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno de España con el Consejo de Europa", que instaba a hacer "de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de la política educativa y de sus reformas", explican responsables del área de enseñanza en el PSOE federal.

La implantación de EpC en los currículum de Primaria y Secundaria fue un compromiso firmado por dos gobiernos, primero del PP y luego del PSOE. El 16 de octubre de 2002, el Gobierno de José María Aznar firmó su apoyo a la resolución 12/2002 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en la que se instaba a los Estados miembros a llevar a cabo las oportunas reformas educativas con idea de "introducir la Ciudadanía como un objetivo prioritario de la política educativa". España se incorporó en aquel momento a un debate que el Consejo de Europa había planteado por primera vez en 1997. Más adelante, entre 2001 y 2002, la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (que realiza los informes PIRLS) elaboró un estudio de educación cívica a escala internacional en el que participaron más de 140.000 alumnos, profesores y directores de 28 países (incluido España), dando lugar a la publicación de dos importantes informes que iban a conformar los cimientos de EpC.

A principios de 2003 se creó en el seno de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea un grupo de trabajo sobre Entorno de aprendizaje abierto, ciudadanía activa e inclusión social. Su objetivo era garantizar "la promoción eficaz del aprendizaje de valores democráticos de los miembros de la escuela con el fin de preparar a las personas para la ciudadanía activa". En ese foro, representando a España, se sentaba a la mesa la entonces ministra de Educación del PP, Pilar del Castillo, que participó en el diseñó de los bloques temáticos de EpC. España estaba de acuerdo con el contenido, pero no con la estructura. En el informe final que recibió la Comisión Europea de aquel encuentro se puede leer: "Algunos países, en concreto Bélgica, España, Lituania, Polonia e Islandia han llamado la atención, desde el principio, para aclarar que objetivos como una mayor concienciación de los valores democráticos son difíciles de medir y no se pueden someter a una evaluación formal". El Gobierno del PP fue proactivo en el diseño de los contenidos de EpC, impulsó que dichos contenidos formasen parte del currículum de Primaria y ESO, pero de los 36 países que formaban entonces el Consejo de Europa, España se alineó con los 13 que no aceptaron crear una asignatura específica para aglutinar todos esos temarios.

Dos visiones. En 2004, con la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, España no se desvinculó del acuerdo firmado por Aznar. Es más, se comprometió con la resolución 2004/71 de la ONU sobre el Programa Mundial para la Educación de Derechos Humanos, que instaba a los gobiernos a crear e implantar una asignatura que proporcionase valores democráticos a niños de Primaria y ESO. Por entonces, ya había 14 países de la UE que impartían Ciudadanía. Zapatero decidió crear una asignatura específica. La Ley Orgánica de Educación (2006) introdujo por primera vez la materia en el currículum como obligatoria y evaluable, y un año después, siete comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, la estrenaron en clase.

A estas alturas, que el mismo partido que participó en el diseño original de los contenidos de EpC vaya a fulminar la asignatura parece irrelevante. El PP ha defendido que la materia era adoctrinante y violentaba la libertad moral y religiosa de los niños. Cuando el Constitucional sentenció que la objeción a Ciudadanía era ilegal y que ésta por sí misma no era adoctrinante, Mariano Rajoy cambió de discurso, limitándose a subrayar que EpC "era irrelevante y no aportaba nada". Ya en el Gobierno, los populares primero amagaron con barrer todos los epígrafes que habían generado el rechazo de los obispos, la mayoría de ellos denunciados y luego amnistiados en los tribunales (matrimonio gay, tipos de familia, diversidad de género). Un mes después volvieron a cambiar de estrategia y, sin avisar a las regiones, optaron por sacarla por completo del temario.

Ciudadanía se alejó desde el principio del objetivo para el que fue creada: llevar a las aulas la enseñanza de valores democráticos, fomentar el compromiso, la convivencia, el pensamiento crítico, el pluralismo y la reflexión. En su lugar, la asignatura se convirtió en motivo de confrontación (fuera de la escuela) entre dos visiones de la sociedad moderna y entre dos ideas de lo que significa educar. Quienes avivaron la batalla judicial contra la asignatura y contra un libro de texto, acusándoles de servir para "adoctrinar" a sus hijos, comparten una visión unidireccional de la educación: el profesor, el adulto, graba contenidos en la cabeza del niño. Los que abogan por este modelo, del Iglesia española tuvo el monopolio durante años, creen en efecto que la escuela puede ser un espacio de adoctrinamiento moral. Por contra, quienes niegan la mayor defienden que el proceso de aprendizaje es un diálogo crítico entre maestro y alumno, del que surge el conocimiento a través del debate, la discusión y la diversidad de criterios. La asignatura y los libros sólo son vehículos, y el profesor, desde su libertad de cátedra, orienta a los jóvenes hacia múltiples formas de conocimiento. Para este grupo, el adoctrinamiento en la escuela es imposible, por la misma esencia del pluralismo democrático. H

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