La volatilidad de los mercados financieros, crisis inmobiliarias, inflación, tipos de interés, petróleo, desempleo, revisión a la baja de cifras de crecimiento, son algunos de los nubarrones que se ciernen actualmente sobre la economía mundial. Al otro lado del Atlántico, ante estos problemas, tanto los candidatos republicanos moderados como los demócratas, están poniendo el acento en la necesidad de redes de seguridad social. Concretamente, hablan de la cobertura obligatoria de necesidades como la salud, la educación o una pensión para la jubilación, para que el sistema democrático americano se pueda reconocer como tal, legítimo más allá del procedimiento de elección de sus gobernantes. Un debate, a estas alturas, sobre instituciones clásicas del estado del bienestar europeo, que invita, como mínimo, a enjuiciar negativamente las ideas conservadoras que han imperado en los últimos años y que han sido tan dañinas para millones de personas. Como el candidato demócrata John Edwards ha dicho recientemente, "cuando Bush hablaba de una sociedad de propietarios, quería decir que cuanto más tienes más consigues".
Pero tras estas propuestas, en el actual debate americano se está deslizando una idea realmente sugerente. Un concepto ya utilizado por algunos intelectuales, que está alcanzado una cota de seducción política absolutamente arrolladora. La idea básica es el de "clase perdida". La realidad invisible de millones de personas trabajadoras que no aparecen en los cuadros estadísticos macroeconómicos. Ciudadanos de clase media, con dificultades provocadas por una larga hospitalización, un divorcio, una viudedad, el pluriempleo, el coste real de la educación en ropa, accesorios o materiales, o un simple traslado de ciudad por razones laborales o educativas, que pueden causarles una situación que podría calificarse de pobreza relativa. Personas cuyo nivel de renta aparente les oculta de la estadística. Los llamados "nuevos pobres". En Estados Unidos, además del dato terrorífico de que más de 40 millones de personas no tienen cobertura sanitaria, 57 millones de personas, incluyendo el 21% de los niños del país, rozan, sin aparecer, lo que se conoce por pobreza.
Un concepto de clase perdida exportable, con los matices que se quieran, a sociedades como la nuestra. Sin duda, vivir en nuestro país es un privilegio al contar con una red de seguridad vital de las mejores del mundo. Pero haría falta, para variar, que las inquietudes de la gente no se subasten en la contienda electoral, que entre el despreocupado optimismo y el catastrofismo insolvente, haya espacio para hablar de los problemas que las estadísticas ocultan, aquellos que las rebajas fiscales no resuelven. Estos han sido cuatro años de un avance gigantesco, histórico, en prestaciones sociales. Por delante, otros cuatro años para resolver problemas. Ahora, ante nosotros, un futuro complejo y un debate electoral en el que tiene que hablarse de un país, nuestro país, que ha de reencontrarse, reconocerse, con su clase perdida.
Gonzalo Suárez Martín es abogado
