Sin autocrítica y sin dictamen final echó el cierre ayer la comisión de investigación en el Parlamento sobre el escándalo de los ERE. La Cámara no fue capaz de aprobar unas conclusiones después de seis meses de arduos trabajos por las diferencias insalvables de los grupos. Solo el PSOE respaldó el documento mutilado la semana pasada porque, paradójicamente, gracias a los votos del PP logró eximir de responsabilidades políticas a los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, este último diputado en el Congreso. El dictamen quedó rechazado ayer con la suma de PP e IU . El presidente de la comisión de investigación, Ignacio García, asumió que el cierre en falso de la primera comisión en 17 años es una "decepción para el pueblo andaluz".
Los partidos no se movieron ni un ápice de los argumentos. IU se desmarcó de su socio de Gobierno y eludió aprobar el dictamen porque lo que ha quedado es un "pastiche y una malformación de los hechos". El documento recogía las tesis del PSOE y solo consideraba culpable de la trama al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que ha pasado ocho meses en prisión, y al exinterventor de la Junta Manuel Gómez, por no emitir un informe de actuación que encendiera las alarmas y parara el fraude. El PP, que pedía la dimisión del presidente andaluz, José Antonio Griñán (exconsejero de Economía en la etapa investigada) y de su antecesor Manuel Chaves, también rechazó las conclusiones porque "no le valen las rebajas".
"Hemos fracasado" . Así resumió el portavoz de IU, José Antonio Castro el resultado de la investigación parlamentaria de los ERE, un caso que instruye en paralelo la jueza Mercedes Alaya. La comisión fue una condición sine qua non de la federación de izquierdas para formar Gobierno con el PSOE, aunque no figura en el acuerdo programático de la coalición. Los socios en San Telmo aseguran que el pacto no se resentirá por esto, pero ya hay voces en IU que avisan de que no podrán actuar "como si nada hubiera pasado". Los socialistas habían rechazado hasta en diez ocasiones en la legislatura pasada la petición del PP de depurar responsabilidades políticas. La comisión echó a andar en junio, bajo la presidencia de IU, y por sus sesiones, desarrolladas en verano, han pasado más de una veintena de comparecientes. Mucho de ellos se acogieron a su derecho a no responder a las preguntas de los diputados por estar imputados por vía judicial. Las declaraciones más esperadas fueron las de Guerrero, Chaves y Griñán; y la que levantó más polvareda, la del exinterventor de la Junta, que aseguró que el Gobierno pudo poner fin a las ayudas irregulares en 2005, cuando avisó por primera vez.
El PP, que desde el principio tildó de "paripé" a la comisión, apuntaba a lo más alto y pedía la dimisión de Griñán, Chaves y otros 13 consejeros y exaltos cargos. El PSOE solo consideraba responsable político de la trama a Guerrero. IU, en sus conclusiones, subió un peldaño al señalar a Viera y Fernández, pero los votos de los dos grandes partidos eliminaron este apartado y muchos otros. "Se suprimió el 20% del relato de los hechos y el 60% de las conclusiones", reconoció ayer Ignacio García. El resultado fue un dictamen cojo que solo contentó a los socialistas.
El presidente de la comisión abrió el debate y subrayó que el hecho de que no haya dictamen "mina la credibilidad de las instituciones" y consideró que los diputados "estamos obligados a cambiar esto". IU quiso poner el acento en que este episodio no hace sino ahondar más en la brecha entre los ciudadanos y la política. La federación de izquierdas reprochó a su socio de Gobierno que se haya puesto "una venda" para salvar políticamente a Viera y Fernández y lamentó que el PSOE haya perdido "una oportunidad de oro" para marcar distancias con la etapa anterior. "Esto ya no se arregla ni pidiendo perdón en televisión", dijo Castro, en alusión al vídeo de militantes socialistas sobre la gestión de Zapatero.
Criticó la propuesta del PSOE, "inamovible de mínimos", e, igualmente, la del PP, "inamovible de máximos". El portavoz de IU acusó a los populares de ir a "reventar" los trabajos desde el principio y de exigir transparencia aquí mientras la comisión del Madrid Arena "la quieren cerrar en tres días" y sin acudir la alcaldesa Ana Botella.
El PSOE también hizo leña con la "doble vara" del PP y le culpó de "boicotear la comisión". "Querían el todo o nada y si no, no les importaba nada", afirmó Antonia Moro. Carlos Rojas (PP) incidió en que Griñán debe dimitir y advirtió a IU de que cambiar "valores por sillones" le pasará factura en las urnas.
