Ramón Díaz, ex asesor de la Consejería de Empleo, exdiputado socialista y actualmente imputado en el caso ERE, será el primero en comparecer en la comisión parlamentaria que investiga el fraude de los expedientes de regulación de empleo pagados con dinero público. La ronda con los 25 primeros comparecientes arranca con Díaz el próximo 23 de julio y termina el tres de agosto con el expresidente de la Junta, Manuel Chaves, y su sucesor, José Antonio Griñán.
La comisión, que preside el diputado de IU Ignacio García, aprobó ayer el orden de comparecencias "de mayor a menor nivel" de relación con las ayudas públicas que están bajo sospecha. Entre los 25 nombres hay diez imputados y dos están en prisión: el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, considerado en el proceso judicial el epicentro del caso ERE; y el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, al que la jueza Mercedes Alaya le imputa seis delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, malversación de fondos, obtención indebida de subvenciones públicas, cohecho y falsedad en documento mercantil.
Sus comparecencias están previstas para los días 24 y 27 de julio respectivamente. La comisión, a través del Parlamento, solicitará a Instituciones Penitenciarias el permiso para que puedan comparecer, bien por videoconferencia desde la cárcel, o autorizando la entrada en prisión de algunos parlamentarios. En el caso de Fernández es probable que para entonces se encuentre ya en libertad provisional, después de que Alaya haya rectificado, hace dos días, en su estrategia de mantener en prisión a los imputados por riesgo a que se fuguen o destruyan documentación relevante.
La comisión también dispuso que habrá tres interrogatorios al día ininterrumpidamente desde el 23 de julio al 3 de agosto (diez días). Dos serán por la mañana (a las 9.00 y a las 12.00 horas) y uno por la tarde (16.30), con tres horas para cada compareciente. La recta final del interrogatorio hará desfilar a 12 miembros y exmiembros del Gobierno andaluz. El 1 de agosto, por la tarde, asistirá el primer cargo del PP que aparece en la lista: Juan Ignacio Zoido, el alcalde de Sevilla que, por entonces, ya ostentará el cargo de presidente del PP-A. Zoido ha sido incluido en la lista por PSOE e IU, porque como Delegado del Gobierno en Andalucía durante la última etapa de José María Aznar, tramitó el ERE de la Faja Pirítica de Huelva. Por la misma razón están llamados a declarar el día 2 de agosto Javier Arenas (entonces ministro de Administración Pública) y Eduardo Zaplana (de Trabajo).
Este nuevo paso que dio ayer la comisión de investigación volvió a ser motivo de discordia entre los partidos. García aseguró por la mañana que el calendario de comparecientes se había decidido por consenso de los tres grupos, pero enseguida el PP respondió que no existía esa "coincidencia".
El portavoz de los populares, Carlos Rojas, denunció que el calendario aprobado era demasiado comprimido, y que no había tiempo entre un compareciente y el siguiente para leerse la documentación y preparar las preguntas. "Con estas comparecencias exprés, lo que quieren PSOE e IU es que se despachen cuanto antes", dijo. Los populares también protestaron porque el interrogatorio de Chaves y Griñán está previsto para principios de agosto, "coincidiendo con la operación salida de las vacaciones, para que nadie se entere de nada".
El portavoz de IU, José Antonio Castro, reclamó que se habilite un servicio de taquigrafía para tomar cuenta de las sesiones a puerta cerrada para evitar "manipulaciones" de los grupos. Castro lo solicitó ayer por carta al presidente de la comisión, tras escuchar a Rojas insistir en que "IU vetó comparecencias".
