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La comisión ve a Fernández y Viera "autores intelectuales" de la trama ERE

El dictamen registrado en el Parlamento asume las tesis de IU y abre un conflicto interno a los socialistas

el 16 nov 2012 / 18:41 h.

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El cantante El Barrio.

Había expectación sobre el dictamen de los ERE que ayer registró en el Parlamento, al filo de las siete de la tarde y con el plazo en los talones, el presidente de la comisión de investigación, Ignacio García (IU). El documento político de síntesis asume directamente las tesis que apuntó en sus conclusiones Izquierda Unida y fija que "la responsabilidad política de primer nivel o máxima magnitud alcanza a los que en el tiempo investigado fueron los consejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández".

El PSOE ve imposible asumir ese planteamiento y se abre una fractura política entre los socialistas y sus socios de Gobierno. A este documento los grupos políticos deben presentar alegaciones antes del martes. Debe aprobarse en pleno el 22 de noviembre.

El dictamen apunta "indudablemente" a la responsabilidad política directa del exdirector general de Trabajo, Francisco Guerrero. Pero también a los exviceconsejeros y a consejeros. Sobre todo a Viera y Fernández, como "muñidores del convenio de 2001 y autores intelectuales del diseño administrativo y presupuestario que dio lugar a la falta de controles". También por la falta de acierto y control de sus subordinados.

Además, dice el dictamen, "sobre la responsabilidad de Viera y Guerrero, cabe destacar la discrecionalidad arbitraria que se deduce de la concentración de ayudas en la Sierra Norte" de Sevilla. Comarca donde se concentró el 70% de las subvenciones y en la que ambos gozaban de una influencia política directa.

El Parlamento andaluz abrió el pasado agosto una comisión de investigación , la primera en 17 años, para depurar las responsabilidades políticas en la presunta trama tejida durante una década, desde 2001 a 2010, con las ayudas sociolaborales y a empresas otorgadas por la Consejería de Empleo. En paralelo, un juzgado sevillano investiga el presunto fraude . En esta trama, que atañe a unos 1.200 millones de euros -según el dato de la Cámara de Cuentas-, se analiza la concesión de ayudas a intrusos, es decir a personas que nunca debieron figura en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) subvencionados con fondos públicos. Eran amigos, familiares o afines al PSOE. También se investiga la concesión irregular de ayudas directas a empresas.

Tras oír en la comisión a los máximos responsables políticos del Gobierno andaluz durante la década bajo sospecha, incluido el expresidente Manuel Chaves y el presidente José Antonio Griñán, la hora de la verdad llega la próxima semana. Las posiciones están tan alejadas que no se puede descartar que la comisión coseche lo que sería un fracaso político y que los grupos parlamentarios sean incapaces de aprobar un documento conjunto. En ese caso, cada partido se dedicaría a aprobar su propio documento final, ya presentado y que ha servido de base para esta ponencia final.

Las posibilidades aritméticas en las votaciones están abiertas. IU (12 diputados) va a apoyar el dictamen final elaborado por Ignacio García. El PSOE (47 diputados) no comparte esas conclusiones. Si el PP (50 diputados) sí lo respalda, el dictamen se aprobaría y se podría decir que el Parlamento condena políticamente a los exconsejeros de Empleo en la trama ERE. Esto le abriría un frente complicadísimo a los socialistas porque Viera, exdirigente del PSOE sevillano, es diputado en el Congreso y no piensa renunciar a su escaño. El socialista no está imputado en la vía judicial a pesar de que la Guardia Civil ha señalado su "papel esencial" en la trama ERE. Como diputado está aforado y de ser imputado el caso iría al Supremo.

El PP no tiene su voto decidido y quiere que se apunte más arriba, directamente a Griñán, por su etapa como consejero de Economía. Además en el dictamen se incluyen afirmaciones que hacen complicado a los populares sumarse. Por ejemplo se alude a "un interés descarado por parte de la derecha de inflar a priori la cuantía de los defraudado", dejando claro que considera que "el 88% de las ayudas son legítimas".

Los populares deberán de elegir si se mantienen en sus trece o si se suman a IU, abriendo un frente político grave a los socialistas. Si el Parlamento aprobara este dictamen, el PSOE andaluz mandaría directamente un misil político a Ferraz -ambas direcciones no atraviesan buenos momentos- y sería allí donde Rubalcaba debería decidir qué hacer con su diputado Viera.

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