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La comunidad está a la cola en plazas residenciales para mayores

Actualmente en Andalucía hay 39.70o plazas residenciales, según los últimos datos de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Es la comunidad con más desproporción entre plazas públicas, el 13%, y privadas, el 61%.

el 17 oct 2010 / 19:42 h.

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En Andalucía hay pocas plazas en residencias para mayores y además la mayoría son privadas o concertadas.

Más de 1,2 millones de andaluces tienen más de 65 años y, según las últimas proyecciones demográficas publicadas por el INE, esta cifra llegará a los 1,4 millones en 2020. El 78% de las personas dependientes superan la llamada tercera edad y aunque hoy el 45% de las prestaciones que se conceden son económicas, lo cierto es que la ley prevé que éstas sean excepcionales y la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, es una defensora de ello, o al menos, de que el criterio del profesional encargado de valorar a los dependientes se anteponga al de la familia.

Sin embargo, y pese a que el presupuesto para la creación de nuevas plazas residenciales ha ido creciendo en los últimos años -incluso en el presupuesto de 2010, el primero de recortes-, la comunidad incumple el índice de cobertura, fijado por la OMS en cinco plazas por cada cien habitantes mayores de 65 años.

En general, la media española está por debajo de ese índice, con 4,1 plazas por cada cien mayores, según un informe de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC) para la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE). Con datos de 2009, sitúa a Andalucía entre las comunidades con menos cobertura, un 2,8, al contabilizar 34.210 plazas. Los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Igualdad, el pasado 8 de octubre con motivo de la inauguración de una residencia en Macael (Almería), elevan esa cifra a 39.700, lo que sitúa el índice de cobertura en el 3,2, aún por debajo de la media nacional.

El informe, que defiende que la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia pasa por la colaboración público-privada, señala que del total de plazas existentes en Andalucía, sólo el 13% son totalmente públicas, un 26% concertadas y un 61% privadas. Sólo en Extremadura y Baleares se invierte la proporción y el número de plazas públicas supera el de privadas y en comunidades como el País Vasco o Cantabria son mayoría las concertadas.

Es un hecho generalizado que haya más plazas privadas que públicos o concertadas pero Andalucía es, junto a Cantabria, la comunidad con menos porcentaje de plazas públicas en el sistema.

El informe realiza también una comparativa entre el coste que supone para la administración una plaza pública y una concertada. En el caso de Andalucía, la diferencia oscila entre 19,2 y 22 euros en función de si el terreno de la residencia es propiedad de la Junta aunque tenga cedida su gestión o no.Así, el coste medio de explotación por plaza pública es de 68 euros al día y 65,8 euros en el caso de que los terrenos sean propiedad pública, mientras que en el caso de las plazas concertadas el precio medio es de 46 euros al día (son precios calculados para residencias de 120 plazas).

En ambos casos, los precios en Andalucía están por debajo de la media estatal, cifrada en 70 euros diarios para las plazas públicas y 54 para las concertadas pero las diferencias de coste entre las plazas públicas y concertadas es especialmente abultada, de entre un 30 y un 32% (sólo en Castilla y León la diferencia es mayor). El informe también llama la atención sobre el hecho de que, a la hora de fijar el coste de una plaza, no se discrimine en función del grado de dependencia de su usuario, ya que no requieren los mismos cuidados y servicios los grandes dependientes que los moderados. Por ello, el análisis realiza un cálculo según el cual una plaza para un usuario con baja dependencia costaría en Andalucía 61,8 euros diarios, para un dependiente medio 65 euros y para un gran dependiente 69,8%.

Así, para la AESTE, es preciso por un lado homogeneizar los criterios de calidad exigidos para la acreditación de los centros así como los costes salariales (hay varios convenios aunque existe uno nacional al que está acogida Andalucía) y de gestión y adaptar las tarifas de los conciertos a ellos. Aboga por reforzar la coordinación con los sistemas sociosanitarios para facilitar la prestación de servicios en el domicilio desde la atención primaria e incluir en las residencias para dependientes un módulo sanitario para la derivación tras el alta hospitalaria.

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