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La comunidad gitana condena la "violencia" de los incidentes de Estepa

La presidenta de Fakali cree que la «revancha callejera no es la solución». Ya son 22 los vecinos que han declarado ante la Guardia Civil

el 09 jul 2014 / 23:15 h.

Aunque los vecinos de Estepa mantienen que el municipio «no es racista», en las asociaciones defensoras de los derechos de la comunidad gitana han saltado las alarmas a raíz de los incidentes ocurridos el pasado sábado, cuando un grupo de personas asaltó y prendió fuego a las viviendas de la familia conocida como Los chorizos, acusados por los estepeños de cometer numerosos robos «de manera impune». estepa-incendio-05La presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas (Fakali), Beatriz Carrillo, manifestó a este periódico su «condena absoluta contra cualquier tipo de violencia», y señaló que, en una sociedad civilizada, «la revancha callejera no es la solución». Carrillo lamentó que «una vez más volvemos a pagar todos los gitanos y todas las gitanas», en relación al tratamiento que, según la presidenta de Fakali, «han dado los medios de comunicación al asunto», refiriéndose al conocido como clan de Los chorizos de Estepa. «Se identifica la delincuencia con el pueblo gitano, destacando la condición étnica cuando algún individuo o grupo de personas hace algo que está mal sin que ello aporte dato significativo alguno para la compresión de la noticia», señaló Carrillo. Y es que para la asociación que preside «tan malo es que a una población tranquila le vengan a alterar la convivencia, como que esa ciudadanía pacífica se convierta en delincuentes asaltando, quemando casas y tomándose la justicia por su mano». En este sentido, Carrillo considera que la responsabilidad de los incidentes que tuvieron lugar el pasado sábado «debe caer en las autoridades, que no han realizado correctamente su trabajo si es verdad que los vecinos han denunciado tantas veces los robos». Así, la presidenta de Fakali espera que sea la Justicia la que resuelva estos altercados, con el objetivo de que «no se siga fomentando el racismo». De hecho, Carrillo asegura que por este motivo se están desencadenando respuestas racistas, sobre todo en redes sociales: «Yo he sido insultada en Twitter por haberme manifestado condenando los incidentes». «No hay justificación para estigmatizar a esta familia como se ha hecho. Los ladrones deben pagar lo que han robado, pero en esa familia hay mujeres y niños, e incluso el abuelo de la familia ha comentado que si sus nietos han cometido esos delitos, deben ser castigados», apunta Carrillo, y añade que lo ocurrido es «un síntoma de la desigualdad que sufrimos en este país, donde los pobres se enfrentan contra los aún más pobres en lugar de señalar a los verdaderos culpables». La magnitud del conflicto estepeño ha traspasado fronteras más allá de Andalucía. Incluso el presidente de la Federación de Asociaciones de Gitanos de Cataluña (FAGIC), Simón Montero, pidió también responsabilidades por el asalto y quema de varias casas de gitanos, actos que calificó de «racismo» y «xenofobia». «Estas agresiones se suman a las que cada vez con más asiduidad suceden en otros puntos de Europa, como Italia, Bulgaria y Francia», recordó Montero, quien alertó «de los constantes atropellos que sufren los gitanos», y emplazó «a luchar contra la romafobia que, peligrosamente, se extiende por el continente como una lacra sin un claro compromiso de los gobiernos para erradicarla». «Los poderes públicos no pueden permitir este tipo de actos. Pedimos, por tanto, responsabilidades al Ayuntamiento para que detenga a los culpables de esta agresión racista y para que prevenga este tipo de ataques y no vuelvan a suceder jamás», concluyó el presidente de los gitanos de Cataluña en una carta pública. Mientras tanto, los vecinos de Estepa se defienden alegando que «no es cuestión de racismo. Estamos hartos de sufrir robos, sea quien sea quien los cometa». Los hechos se han saldado ya con la imputación de 22 vecinos por su presunta participación en los incidentes, si bien han quedado en libertad con cargos por delitos de desórdenes públicos, daños y resistencia y desobediencia a agente de la autoridad. Muchos de los imputados son menores de 30 años y a uno de ellos se le imputa, además, un cuarto delito de realización arbitraria del propio derecho.

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