Mientras la Junta no acaba de aclarar cómo aplicará en Andalucía la subida de la ratio escolar que permite el Gobierno central, medida no obligatoria pero que se fija como vía para cumplir con el ahorro en educación que sí se exige, la sentencia del Supremo contraria a que los jueces obliguen a subir la ratio para que entren niños cuyos padres reclaman en los tribunales su derecho a elegir colegio ha enfrentado de nuevo a partidarios de la enseñanza pública y concertada. En Sevilla, donde pese a que sobran 2.903 plazas en toda la provincia respecto a las solicitudes recibidas para niños de 3 años, en la capital son frecuentes los problemas por la sobredemanda de algunos centros, la mayoría concertados, y la patronal de estos colegios considera que el fallo del Supremo, a raíz e la demanda de unos padres que querían que sus hijos fueran al Claret, “no es incompatible” con que “en casos concretos y para atender demandas puntuales, esas ratios se puedan modificar”.
En Sevilla hay 102 colegios públicos y 74 concentrados, pero la distribución no es homogénea. Así, en el Centro, hay 17 concertados y cinco públicos, en Nervión 14 y 10 respectivamente o en Los Remedios no hay ningún colegio público (aunque la zona escolar es conjunta con Triana y se equilibra). Aunque nueve de cada diez niños entra en el colegio elegido, cada año unos 200 padres acuden a los tribunales y Educación suele acceder a la presión y subir la ratio a 26 o 27 niños en algunos centros. Hasta ahora el máximo era 25 pero el Gobierno lo ha subido a 30. El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, dijo ayer está trabajando “muy duramente” para que, dentro de sus posibilidades, “nuestra ratio no crezca” en general. La Confederación de Padres de Alumnos (Codapa) comparte con la Junta que su aumento afecta a la calidad de la enseñanza. La patronal de los concertados pide flexibilidad para “atender a las familias que demanden un modelo de educación determinado y un ideario”, un derecho que la justicia limita.
