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La condena del caso Alcàsser

La condena a Fernando García, padre de una de las tres niñas de Alcàsser asesinadas en 1992, por descalificar al fiscal, a los forenses y a cuatro agentes de la Policía Judicial en un programa de Canal 9 emitido en 1997, debería hacernos reflexionar sobre el riesgo...

el 16 sep 2009 / 04:10 h.

La condena a Fernando García, padre de una de las tres niñas de Alcàsser asesinadas en 1992, por descalificar al fiscal, a los forenses y a cuatro agentes de la Policía Judicial en un programa de Canal 9 emitido en 1997, debería hacernos reflexionar sobre el riesgo de que se vuelvan a repetir estas circunstancias con nuevos protagonistas y otros casos. Las manifestaciones calumniosas fueron vertidas a lo largo de una programación especial que la televisión autonómica emitió mientras duró la vista oral contra el autor del crimen. El varapalo judicial se extiende, además, a un criminólogo que participó como experto en estos espacios, así como al medio que propició tan desquiciado tratamiento de este asunto que angustió en su día a todos los españoles. Hay que recordar que las acusaciones fueron de grueso calibre e iban más allá de un mero cuestionamiento del trabajo realizado por los distintos estamentos implicados en la investigación y procesamiento judicial del caso. En definitiva, se montó todo un circo mediático en torno a este desgraciado hecho del que algunos desalmados sacaron, incluso, provecho económico a parte de un protagonismo más que sospechoso.

En la sentencia, el juez recuerda con detalle cómo los condenados vilipendiaron a todo aquel que creyeron conveniente. De todas formas, se tiene en cuenta que, en esta ocasión, concurría el atenuante de "estado pasional" en relación al padre condenado ya que en el momento de los hechos "tenía vivo el recuerdo del rapto, violación y tortura de su hija lo que afectaba a su capacidad". Aún así tendrá que hacer frente al pago de 14.634 euros de multa por descalificar a los demandantes mientras que el experto tendrá que afrontar una condena de dos años de prisión y multa de 7.920 euros. Dura resolución, en definitiva, que viene a decirnos que no todo vale por mucho dolor que se tenga por la desaparición violenta de un ser querido. Existen unas mínimas reglas de juego que se han de respetar. Puede y debe hacerse la cítica que se crea más adecuada sobre el trabajo policial y judicial pero respetando, a su vez, los derechos de los demás.

El fallo judicial se produce, además, cuando el caso de Marta del Castillo adquiere una deriva, cuanto menos, sospechosa. Bien está compartir la perplejidad, el dolor y la indignación de la familia de tan infortunada chica. Por supuesto que es más que comprensible, también, la desesperación que evidencian por la falta de resultados de la investigación abierta. Pero de ahí a casi justificar la tortura para que los detenidos digan lo que ellos esperan que reconozcan va un trecho muy largo. Tampoco son de recibo determinadas reivindicaciones a favor de la cadena perpetua, principio no reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, cuando no, la manipulación burda y grosera que están haciendo determinados políticos sin escrúpulos. Cuidado, porque se empieza así y puede que acabemos como en Alcàsser.

Periodista

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