La Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía planea denunciar a Alfredo Sánchez Monteseirín y a otra docena de alcaldes andaluces a los que acusan de no hacer cumplir la ley antibotellona, que lleva un año en vigor. En un estudio de 23 ciudades, Sevilla, San Fernando y Huelva encabezan los municipios con más movida incontrolada.
Es la segunda vez que un colectivo vecinal estudia llevar a Sánchez Monteseirín a los juzgados acusándole de incumplir la ley antibotellona. La Plataforma por el Derecho al Descanso denunció al Ayuntamiento ante la Fiscalía este mismo verano, al ver que la botellona se había vuelto a instalar en la Alameda. La querella no prosperó.
La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (Cava), que representa a 24 federaciones y a más de 1.000 entidades vecinales andaluzas, tomó ayer el mismo camino hacia los juzgados, después de haber elaborado un estudio en 23 municipios -incluidas las ocho capitales de provincia- sobre el grado de cumplimiento de la ley antibotellona. Sevilla, San Fernando (Cádiz) y Huelva encabezan una lista de ciudades donde la aplicación de la ley antibotellona no está siendo efectiva, ni tampoco las soluciones que han adoptado sus consistorios para controlar la movida. "La Policía no hace nada y deja que la botellona vaya de un lugar a otro. La Alameda es el caso más extremo de lo que está pasando, pero también ha rebrotado en Blanco White, donde parecía que ya había pasado", dijo ayer el presidente de la Cava, Antonio Viruez.
Las entidades vecinales van a solicitar al Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, que abra una investigación siguiendo tres líneas argumentales: la primera es que la ley antibotellona no se aplica de forma efectiva. La segunda es que se sigue vendiendo alcohol después de las 22.00 horas, contraviniendo la norma, y la tercera es que los menores pueden comprar bebidas alcohólicas, aunque esté prohibido. El paso siguiente será denunciar ante la Fiscalía a Monteseirín y a los alcaldes del resto de ciudades afectadas por la movida.
Sevilla recibió críticas ayer por el "pasotismo de la Policía" y por "la lentitud del consistorio para habilitar un espacio de ocio". Sin embargo, surgieron ejemplos de otras ciudades, como Huelva, en los que el llamado botellódromo fue muy denunciado, al tratarse de "una carpa en un barrizal, sin servicios ni vigilancia, a la que el Ayuntamiento había puesto autobuses".
Pese a estas acusaciones, el consistorio ofreció hace poco un parte de las más de mil incidencias que la Policía ha registrado en el último año contra bares y contra particulares por incumplir la ley antibotellona. No ha habido sanciones firmes, como permite la normativa. La estrategia de la Policía ahora es prevenir las concentraciones antes de que se produzcan.
