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La Confederación Hidrográfica ve difícil que la tramitación ambiental esté en 2014

El presidente de la CHG, Manuel Romero, asegura que "estos temas son lentos" y prevé que pueda estar para antes de 2015.

el 06 jul 2014 / 14:49 h.

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La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo  que promueve el proyecto de modernización del regadío del arroz que  pasa por que los arroceros lleven a cabo esta labor a través del  Canal del Bajo Guadalquivir, lo que supondría que este sector no se  viera afectado por el dragado de profundización del río que pretende  impulsar la Autoridad Portuaria de Sevilla, ha reconocido que ve  "apurado" que la tramitación ambiental de la iniciativa, paso en el  que actualmente se encuentra, pueda estar para antes del próximo año  2015. Los organismos internacionales temen que el dragado afecte a las marismas del Doñana. / El Correo Los organismos internacionales temen que el dragado afecte a las marismas del Doñana. / El Correo Así lo ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press el  presidente de la CHG, Manuel Romero, que ha expuesto al respecto que  "estos temas son lentos", habida cuenta de los informes que se  reclaman a una gran cantidad de colectivos, estableciéndose como una  de las principales problemáticas derivadas la adscripción del  proyecto a la convocatoria de fondos europeos 2014-2020 --se está  pendiente del programa operativo, con retraso--, ya que el  presupuesto, de unos 180 millones de euros, se constituye en el "gran  problema" de esta actuación. Romero ha incidido en que la modernización del regadío del arroz  pasaría por que el agua dulce se trajera directamente, en lugar de  por la presa de Alcalá, por el Canal del Bajo Guadalquivir, desde  Peñaflor (Sevilla), a través de unos 60 kilómetros mediante un  trabajo de recrecimiento de dicho canal, lo que permitiría llevar el  agua a la margen izquierda del río --con unas 12.000 hectáreas de  arroz--, cruzarlo mediante un sifón y trasladarla hasta la margen  derecha --22.000 hectáreas-- para que pudieran regar los arroceros,  que no tendrían que usar agua del estuario y evitarían así el  problema de la salinidad. La obra, costosa no tanto por sí misma como por la gran extensión  que abarca --la CHG ha puesto en marcha proyectos similares en el  Bajo Guadalquivir o las Vegas Bajas de Jaén, con un precio de 5.000 o  6.000 euros por hectárea-- posibilitaría, no obstante, que los  regantes no dependieran del río y supondría un importante ahorro en  la cuenca de más de 100 hectómetros cúbicos, el equivalente a la  capacidad de un pantano. El presidente del organismo de cuenca insiste en que el proyecto  "se justifica por sí mismo", con independencia del dragado, y en que  supone una incidencia sobre un segmento "importante", como es el del  arroz, con unos ingresos medios anuales de 90 millones y una  producción media de 300 toneladas de arroz en cáscara. POSIBLE "PELEA CONTINUA" ENTRE PUERTO Y ARROCEROS. En cuanto a su relación con el dragado, Romero ha manifestado que  "empieza a ser un tema antiguo", en tanto que la Declaración de  Impacto Ambiental (DIA) de esta actuación data de 2003 y ésta  establece una serie de condicionantes, de entre las cuales la  protección de la margen derecha, a su paso por Doñana, o las posibles  afecciones a los arroceros por el aumento de la concentración de sal  en agua son de las más importantes. El arroz, ha recordado el presidente de la CHG, puede soportar  concentraciones de hasta un miligramo de sal por litro. "Si se supera  esa cifra puede empezar a haber problemas", ha precisado Romero, que  ha indicado que, según la DIA, si el nivel de salinización se  incrementa el Puerto tendría que hacerse cargo de posibles medidas  compensatorias ante eventuales pérdidas de productividad: de ahí que  el proyecto de modernización del regadío, sin estar incluido como tal  en la declaración, se justifique, en tanto que esa condición se  anularía con esta actuación, al no depender el sector del  Guadalquivir. En cuanto a la adscripción del dragado a los fondos europeos, "no  sé si serán capaces de hacerlo, pero la DIA es de 2003", ha  insistido. Admitiendo que lo deseable sería que ahora ambos proyectos  se acompasaran, "si la obra se hubiera empezado en 2004, cuando había  fondos, no habría problemas, pero uno tiene que gestionar en la época  en que le toca". "Si se hiciera no habría conflicto, pero si no habría una pelea  continua entre el Puerto y los arroceros", ha dicho Romero, que  reconoce, asimismo, que los episodios de salinidad son "bastante  caprichosos", habida cuenta de que hay que considerar a un "actor"  importante, como es el Océano Atlántico, "que cuando le parece entra  en las denominadas aguas de transición". No hay que olvidar,  apostilla, que las márgenes, en este caso, son dominio público  marítimo terrestre: "aunque se piense lo contrario, Sevilla es de las  provincias con más costas de España, con unos 160 kilómetros", ha  remarcado.

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