La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), comparecerá ante el Parlamento para informar, a petición propia, del realojo de las familias de la Corrala Utopía, que dio origen a la crisis del Gobierno andaluz de coalición.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha informado en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre esta iniciativa y ha asegurado que en la reunión de hoy no se ha tratado este asunto ni tampoco se ha analizado un hipotético adelanto electoral.
El portavoz ha admitido que se podría "hacer actuado mejor" ante el asunto de los realojos de familias de la Corrala Utopía de Sevilla, al tiempo que ha dado por "zanjada" la crisis que este asunto ha desatado en el seno del Ejecutivo. Ha señalado que el Gobierno, que ha actuado en todo momento dentro de "los márgenes de la ley" para resolver la situación creada, tiene que "pasar página" y centrarse en dar respuesta a los problemas de los ciudadanos.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Vánquez ha anunciado además que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IULV-CA), comparecerá a petición propia en el Parlamento andaluz para explicar los realojos que se han producido de las familias procedentes de la corrala Utopía de Sevilla. Ha asegurado que el Gobierno hablará en el Parlamento "por una sola voz".
Así se ha pronunciado Vázquez tras el primer Consejo de Gobierno ordinario que se celebra tras la crisis abierta entre PSOE-A e IULV-CA desde mediados de la pasada semana a propósito de estos realojos y en la que ha negado que los miembros del Ejecutivo autonómico hayan abordado ni "el conflicto de la semana pasada" ni la posibilidad de un eventual adelanto electoral.
"No se ha abordado en ningún momento lo acontecido en la semana pasada", ha recalcado Vázquez tras recordar que la competencia para convocar elecciones anticipadas es exclusiva de la presidenta Susana Díaz y que, en todo caso, "no se ha hablado en absoluto de ese asunto".
Vázquez se ha remitido en varias ocasiones durante su comparecencia al acuerdo que se suscribió en la madrugada del viernes al sábado, después de una reunión entre PSOE-A e IULV-CA de unas cinco horas, por el que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, devolvía a la Consejería de Fomento y Vivienda las competencias que le habían sido retiradas en materia de adjudicación de vivienda del parque público, tras un reajuste sobre el realojo de familias procedentes de la corrala y del que, finalmente, se han beneficiado ocho familias cuyos expedientes, no obstante, van a ser revisados ahora por los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla para analizar las circunstancias socioeconómicas de estos vecinos y emitir su correspondiente dictamen técnico.
El portavoz del Gobierno ha manifestado que entre todos tenemos que hacer efectivo el cumplimiento de la norma y que ahora le toca hablar a los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Sevilla, que tienen que evaluar la situación real o no de emergencia social de esas familias.
Para el portavoz, seguramente se podría "haber actuado mejor" ante este asunto, pero las cosas se han hecho "con la mejor voluntad de no sembrar ningún tipo de duda ante la ciudadanía en la concesión de ayudas o asistencia social a familias en riesgo de exclusión".
"MAS ALLA DEL RUIDO Y DE LOS ERRORES" "Más allá del ruido que ha existido y de los errores que se hayan podido cometer, la conclusión es positiva", ha indicado Miguel Angel Vázquez.
Ha indicado que el Gobierno andaluz quería desde el primer minuto que las cosas se hicieran bien y que no quedara ningún tipo de duda ante la ciudadanía de que lo que se estaba haciendo era conforme a lo que marca la normativa.
"Es un asunto que está zanjado a día de hoy por el acuerdo y que ya no está en el tejado de la Junta, sino que corresponde ahora actuar con diligencia y celeridad a los servicios sociales del Ayuntamiento", ha sentenciado el portavoz.
También ha querido dejar claro que él nunca ha utilizado la palabra "ilegalidad" para referirse a lo acontecido con los realojos, sino "defensa de la legalidad, que es lo que tiene que garantizar un Gobierno y es donde nos hemos movido en todo momento". "Nuestra obligación como Gobierno era actuar dentro de los márgenes que marca la norma, y lo hemos conseguido razonablemente bien, aunque ha sido costoso", ha expresado Miguel Angel Vázquez.
Respecto al hecho de que el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, anunciara ayer que su partido solicitará en el Parlamento todos los expedientes de los realojos de familias para "conocer exactamente qué es lo que ha pasado", Vázquez se ha limitado a indicar ha señalado que ese partido tiene los cueces parlamentarios para solicitar la información que considere oportuna.
Asimismo, ha opinado que este asunto de la Corrala Utopía ha venido a poner de manifiesto la necesidad de la Ley andaluza de la función social de la vivienda para evitar el drama de los desahucios, y que ha sido recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.
