Erre que erre. Éste ha sido el discurso del lehendakari Ibarretxe desde que hace ahora un año anunció su decisión de convocar una consulta popular -ilegal, según el Constitucional- para preguntarle a los vascos sobre el derecho a decidir. La consulta estaba prevista para hoy, pero todo apunta a que las urnas no se abrirán.
El propio Gobierno regional reconoció al Grupo Popular en el Parlamento vasco, en atención a una pregunta escrita, que enviar a los domicilios de toda la comunidad autónoma la publicidad sobre la consulta, que incluía las papeletas con las dos preguntas, costó a las arcas públicas casi 160.000 euros. Un dinero que se suma a los 5,1 millones de euros habilitados por el Ejecutivo de Ibarretxe para la celebración de la consulta popular.
Lo que Ibarretxe pretendía, en definitiva, era saber si los vascos están de acuerdo en apoyar el fin dialogado de la violencia previo abandono de las armas por parte de ETA y si respaldan llevar a referéndum el derecho a decidir de los vascos. El problema es que hacerle estas preguntas a Euskadi es ilegal.
La historia interminable de la consulta del lehendakari se remonta a los tiempos del polémico Plan Ibarretxe. En origen, la intención de Ibarretxe era plantear al Estado español un "nuevo pacto político" basado en la libre asociación del País Vasco a España, de manera que en esta comunidad se llegara a una situación de "soberanía compartida". Con la rotunda oposición del resto de los partidos democráticos, el lehendakari empezó una ronda de contactos en la que incluyó a la ahora ilegalizada Batasuna.
El presidente vasco se dedicó incluso a a dar a conocer su propuesta en una gira en el extranjero por Reino Unido, Francia, Chile, Uruguay y Argentina. Mientras tanto, la Comisión Europea aseguraba por primera vez que no había una base comunitaria jurídica que pudiera soportar la propuesta de Ibarretxe. Pero a él, plin. Ya hacia marzo de 2003 el jefe del Gobierno vasco empezó a hablar de consulta, aunque aún se refería con ello a un referéndum sobre su plan de asociación. En el mismo tono que hasta hoy le ha caracterizado, aseguró que la consulta se realizaría dijeran lo que dijeran las Cortes Generales.
Tal día como hoy, el 25 de octubre de 2003, el Ejecutivo vasco aprobó la propuesta de lo que acabó llamándose Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, basado en la existencia de un "Pueblo Vasco o Euskal Herria con identidad propia y que tiene derecho a decidir su propio futuro". Fue en diciembre del año siguiente cuando, con los votos de la ilegalizada Batasuna, el plan salió adelante en el Parlamento vasco.
A partir de aquel momento, el proyecto que Ibarretxe había inventado para Euskadi fue rechazado desde todos los frentes políticos y jurídicos. En diciembre de 2003, el pleno del Congreso dio el visto bueno definitivo a la reforma del Código Penal que tipificaba como delito la convocatoria ilegal de referendos. La Cámara Baja acabó de aplastar el estatuto en febrero de 2005, con los votos en contra de PSOE, PP, CC, IU y CHA. Fue entonces cuando Zapatero espetó al jefe del Ejecutivo vasco lo que ha tenido que repetirle varias veces desde entonces sin que Ibarretxe haya dado muestras de enterarse: "La relación entre España y Euskadi la decidirán todos los vascos, no la mitad, y todos los españoles".
Ibarretxe, aún sin dar un paso atrás, dejó reposar los ánimos y esperó hasta el 28 de septiembre de 2007 para anunciar que hoy celebraría una consulta popular sobre el futuro de Euskadi. Ibarretxe llamó consulta a lo que, si sus planes hubieran seguido adelante, hubiera desembocado en un referéndum vinculante sobre el derecho de los vascos a decidir.
Y la historia se repitió. Tal y como ocurrió con el Plan Ibarretxe, la propuesta de consulta tropezó. Primero con el Gobierno, que impugnó el proyecto. Después, y definitivamente, con el Tribunal Constitucional, que la anuló en septiembre pasado porque la convocatoria de una consulta popular es competencia exclusiva del Estado. Pero a Ibarretxe este argumento no le basta.
Pese a las peticiones del propio PNV para que abandone la consulta, el lehendakari insiste en que "es la solución al conflicto vasco". Con todo, volverá a encabezar la candidatura de la formación regionalista en las elecciones anticipadas de la próxima primavera. E insistirá en celebrar una consulta que es oficial y definitivamente ilegal. El que la sigue no siempre la consigue.
