Con trompicones, sobresaltos y una crisis de incalculables consecuencias después de que la presidenta de la Junta retirara provisionalmente a última hora de la noche las competencias de vivienda a Fomento (IU), las familias de la Corrala Utopía recibieron las llaves de las viviendas que serán su hogar temporal hasta octubre y pusieron fin a la acampada que mantenían desde el domingo en la Plaza Nueva. Solo pudieron entregar diez, suficientes para recoger los sacos, las mantas y las tiendas de campaña y distribuirse para dormir bajo un techo. 
Una bicicleta sirve de soporte para los últimos enseres de las familias de la Corrala, que abandonaron ayer la Plaza Nueva al recibir las llaves de las viviendas. / Foto: Pepo Herrera
La Consejería de Fomento siguió adelante con su plan de asumir el realojo de los acampados con una fórmula mixta: 10 viviendas obtenidas del parque público y 12 más a través de un alquiler privado que sufragaría la Administración autonómica. Una fórmula que se ejecutó pese a las reticencias jurídicas expuestas en un informe, difundido por la Consejería de Presidencia (PSOE) y avalado por el jefe del gabinete jurídico de la Junta y el responsable jurídico de Fomento, que concluye: «El proceso no está ajustado a derecho». Es más, estas fuentes llegaron a afirmar que IU iba «por libre y al margen de la legalidad» con una resolución «injusta a sabiendas». Queda pues en el aire la pregunta de qué pasará ahora con las viviendas entregadas por IU en una clara desautorización a las órdenes de la presidenta de la Junta.
Pese a las quejas, ayer se procedió a la entrega de las llaves por parte del subdirector de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Rafael Ibáñez, en un acto que ponía fin a la acampada en Plaza Nueva y al que se sumaron, ya de noche, dirigentes de IU como el coordinador regional, Antonio Maíllo, o el portavoz en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro. Y es que, desde que lo anunciaron a primera hora de la mañana, se mantuvieron firmes en que la medida «excepcional y transitoria» de realojar a las familias cumplía con el mandato judicial y se iba a ejecutar. La polémica saltó ayer por la mañana cuando se notificó, sin aportar más detalles que el relato de los hechos de los últimos días, que Fomento y Vivienda asumía el realojo y garantizaba «el derecho a las viviendas de esas familias con menores y otras personas en riesgo de exclusión». Lo hacía cargando contra el Ayuntamiento y su negativa a ofrecer VPO para alojar al colectivo. Y es que, en este proceso, Fomento ha buscado hasta tres fórmulas. La primera, la que le ha tenido durante meses y meses de negociaciones y que pasaba porque Ibercaja alojara temporalmente a las familias, se esfumó al ejecutarse el desalojo. El planB dependía de la voluntad del Consistorio para que facilitara 16 de 528 viviendas que, según la Junta, tienen vacías. Pero la postura del alcalde, Juan Ignacio Zoido, era clara, ya que insistió en cumplir la ley y no dar privilegios «a quienes dan la patada a la puerta». Sin aliados, optó por la fórmula mixta: 10 viviendas del parque público y, el resto, 12 se obtendrán pagando la Administración de su bolsillo el alquiler, hasta que se adecente el edificio de San Bernardo como hogar definitivo. La decisión se topó con una tormenta política que aún es difícil de predecir sus consecuencias finales. El viceconsejero del ramo, José Antonio García Cebrián, iba a comunicar en persona la decisión a las familias de la Corrala, que festejaban con abrazos, lágrimas y cánticos como «Qué pasa, qué pasa, que ya tenemos casa». Pero García Cebrián, alegando problemas personales, no se presentó y, solo una hora después, llegaba la réplica desde Presidencia. Ésta garantizaba la atención a personas en riesgo de exclusión y menores a través de servicios sociales pero, en ningún caso, una casa, sobre todo si con ello «se altera el orden legítimo de adjudicación de viviendas públicas». Un argumento, el cumplir con la legalidad vigente, que es idéntico al que esgrimió el Ayuntamiento para negar la cesión de sus viviendas y que Zoido trasladó por carta a Díaz. Esa objeción no frenó a Fomento. IU, a través de Castro, negó que se fuera a paralizar el realojo «inmediato», como así fue, y añadió un dato más:a diferencia de lo expuesto por Presidencia, «no se detectó problema legal». Después, en un acto en Pino Montano, Maíllo avanzaba que 10 familias habían recibido las llaves. «Nadie se salta ninguna lista, se atiende una situación de emergencia social», insistió.
Pero ni en eso coinciden con su socio de gobierno. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ahondó en que «no se respeta la normativa» e incluso recordó que hay un listado de 10.000 familias sevillanas a la espera de VPO.
