Concentración de apoyo a la Corrala Utopía./ J. M. Paisano
Aunque el desalojo puede llegar en cualquier momento, tras el auto emitido por la jueza de instrucción número 3 ordenando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dar «cumplimiento» al mismo, la reunión fijada por el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta para plantear soluciones alternativas a las 36 familias ocupas del bloque de San Lázaro no se adelantará. La Corrala Utopía se la juega el próximo día 5, fecha fijada por ambas administraciones, y tanto los vecinos como la Junta confían en que el inminente desalojo forzoso no se produzca al menos hasta entonces. Por su parte, el alcalde, Juan Ignacio Zoido, se limitó ayer a confirmar la reunión del miércoles en la que se tratarán también otros temas como la rehabilitación de Los Pajaritos, y apuntó que el tema de la Corrala Utopía «es un problema que tiene la Junta y que no tiene que trasladarnos a nosotros de manera directa». La Junta rehusó desvelar ayer la propuesta que pondrá sobre la mesa en la reunión pero días atrás apuntó a la necesidad de que entre ambas administraciones pongan a disposición de las familias, mediante un alquiler social, parte de sus viviendas públicas vacías que, en el caso del caso del Ayuntamiento son unas 300 la mayoría en Nuevo Amate mientras que la Junta tiene una promoción a punto de adjudicar en San Bernardo. Ayer Zoido quiso dejar claro que el Consistorio sigue una serie de protocolos para la baremación de las personas con derecho a una vivienda con renta social y «esos son los criterios en los que nos vamos a basar, son criterios objetivos que han de priorizar quienes han de entrar en las viviendas, por lo que no se va a primar a quien da la patada en la puerta, sino a quien más lo necesita». Desde la Junta recuerdan que la Ley andaluza de Vivienda y el reglamento que regula los registros de demandantes de VPO contemplan la reserva en las promociones públicas de pisos para colectivos en riesgo de exclusión social. El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, también está intentando mediar con las partes.
Mientras, ayer, un centenar de personas se concentraron ante el edificio de la Avenida Juventudes Musicales para apoyar a las 36 familias que lo ocupan desde hace año y medio, una concentración a la que asistieron los concejales de IU José Manuel García y Josefa Medrano. Las familias, denunciadas por Ibercaja propietaria del inmueble por usurpación ilegal, pasaron el miércoles recogiendo sus enseres tras conocer el auto para enviarlos a un guardamuebles y pese a que la espada de Damocles se cierne sobre ellas y el desencuentro entre las administraciones implicadas es evidente, confían en que «no se tome una decisión precipitada, sería un despropósito que después de todo este tiempo luchando nos dejaran ahora en la calle», explicó Irma, una de las ocupas.
