El nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido aprovecharon ayer sus discursos del acto de apertura del Año Judicial para dar sendos aldabonazos sobre la situación de la Justicia española. Ambos lo hicieron a su manera. El primero con un discurso de tono institucional y mensajes positivos que giró en torno a la necesidad del consenso de todos para la mejora de la Justicia, y el segundo con un reconocimiento explícito de la desconfianza que sienten los ciudadanos ante los problemas que atraviesa el sistema judicial. Dívar insistió ante sus colegas en que España goza de una judicatura "competente y eficaz" y apostó por la implantación de una Oficina Judicial que sea un instrumento útil para los jueces y proporcione más transparencia. Fue un discurso de consensos, propia de quien se considera un servidor del Estado y prefiere alejar la Justicia del debate partidario. Pero tal vez por eso no conectó, al menos de modo explícito, con las preocupaciones de los ciudadanos. Lo contrario de lo que sí ocurrió con Conde-Pumpido, que al menos tuvo la valentía de recoger en su discurso una idea consolidada en la opinión pública: la credibilidad de la Justicia española está dañada. El fiscal general recordó que está en la mano de todos los integrantes de la familia judicial y de los poderes públicos competentes la posibilidad de que se mantenga viva la confianza de los españoles en el sistema y abogó por el inicio de una nueva etapa. En realidad, dijo más o menos lo mismo que Carlos Dívar -"es la hora de la Justicia-, pero sin eufemismos que escondieran el desapego ciudadano. Ahora toca trasladar este glosario de buenas palabras a la realidad y acometer reformas que hagan de la Justicia un sistema más eficaz, transparente y rápido. De lo contrario, el atasco judical crecerá y la desconfianza se tornará en un escepticismo que no beneficiará a nadie.
