El PP marcó las líneas directrices del debate municipal sobre la crisis. Sus propuestas, las únicas que se presentaron, estaban dirigidas principalmente a los empresarios. La sesión se cerró con el compromiso de acelerar proyectos como la mejora de los polígonos industriales o un plan contra la venta ilegal.
La batería de medidas difundidas por el PP tenía dos ejes. El primero, la aplicación de una serie de iniciativas para atenuar los efectos de la crisis económica en los empresarios y comerciantes. El segundo, la puesta en marcha de planes internos para sanear las cuentas municipales.
Sobre esta base se celebró un Pleno en el que sólo se alcanzaron media docena de acuerdos, producto de las enmiendas tramitadas por el Gobierno socialista. Con estas iniciativas, el Ayuntamiento adquirió una serie de compromisos para los próximos meses.
El primero hace referencia a los polígonos industriales. El Ayuntamiento congeló este año los planes de rehabilitación de estos espacios debido a la falta de presupuesto, una actuación que fue denunciada públicamente en repetidas ocasiones por la oposición. El viernes, el PP instó a reactivar estos proyectos. La respuesta fue el compromiso de iniciarlos de forma "urgente".
El primer teniente de alcalde y portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, anunció que el próximo jueves está prevista una sesión para ultimar el convenio entre Sevilla Global y la Gerencia de Urbanismo con los empresarios para ejecutar planes urbanísticos y de financiación en estas áreas.
El segundo acuerdo, que sólo se cerró parcialmente, afecta a uno de los compromisos adquiridos por PSOE e IU en su pacto de Gobierno: la regulación de la venta ambulante. Todos los partidos coincidieron en la necesidad de impulsar medidas para erradicar el comercio ilegal. Pero se distanciaron al definir cómo actuar para regularizar los mercadillos. La oposión se enrocó en una serie de fórmulas gramaticales y en una supuesta defensa de la participación de los empresarios que desembocó en su rechazo al plan municipal para los mercadillos: elaborar una ordenanza e instalar uno en cada distrito de la ciudad.
Además del comercio, la situación de las arcas municipales centró buena parte del debate. El Ayuntamiento pidió a la Junta la liquidación de su deuda por el impago de los tributos locales -el PP la calcula en 6 millones, aunque de momento sólo está previsto el pago de dos- y se reiteró el llamamiento a una nueva financiación. Lo volvió a abanderar el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín: "Se necesita reformar los instrumentos de la administración local con otra Ley de las Haciendas Locales".
