En julio de 2009, Urvasco, entonces responsable de la construcción del barrio de diseño de los terrenos de la Cruzcampo, pidió otra prórroga de seis meses para el derribo de la antigua fábrica. El plazo ha transcurrido, y la Unión Temporal de Empresas encargada de los trabajos -formada por Vasco Asturiana de Demoliciones, Erri Berri y Recifemetal- siguen sin concluir sus trabajos. Aseguran que desde que los terrenos cambiaron de manos no han recibido noticia alguna. "Ni siquiera sabemos si van a seguir con el proyecto", se lamentaba un portavoz consultado por este periódico.
Se referían, al hablar de nuevos propietarios, a la Compañía para los Desarrollos Inmobiliarios de la Ciudad de Hispalís, una sociedad creada en diciembre de 2008 con un capital social de 4,8 millones de euros, en cuyas manos ha caído el proyecto que inició Urvasco.
Aunque Urbanismo guarda silencio, el proyecto de Cruzcampo ha sufrido un nuevo revés en plena crisis que plantea un incierto escenario. El macroproyecto diseñado por Norman Foster, Jean Nouvel, Arata Isozaki y Guillermo Vázquez Consuegra que debían comenzar en abril de 2009 sigue sin plazos. En este solar se debía construir 1.104 VPO -la cifra se incrementó ante la crisis económica, ya que estaban previstas 890- y 859 pisos de renta libre -en este caso el número bajó de los 1.073 previstos inicialmente-. Además el diseño incluía una torre de oficinas, un hotel, un parque y una gran zona comercial. En total, una inversión prevista de 750 millones.
En 2009 el grupo Urvasco tuvo que alcanzar un acuerdo con Unicaja para liquidar la deuda contraída de forma que la entidad financiera desistiera del proceso judicial que inició para reclamarle el pago de una deuda de unos 12 millones de euros, que le llevó incluso a llevar al Juzgado una solicitud de embargo. La solución pactada entonces incluyó el abono en metálico y el pago en activos inmobiliarios.
La demolición de la antigua fábrica, con una duración de entre cinco y seis meses, era el primer paso del proyecto, con un coste de 1,5 millones de euros: 61.000 para los trabajos previos, 137.000 para la retirada de los materiales contaminantes -sobre todo el amianto de las cubiertas de uralita-, 560.000 euros para el derribo del edificio y soleras; 303.000 para acondicionar el terreno; 20.000 para la seguridad y salud de los trabajadores; 65.000 de beneficio industrial; 140.000 para los gastos generales y un 16% de IVA. El plan inicial era continuar este proyecto con la explotación de los terrenos de uso terciario para buscar liquidez inmediata para continuar con las obras.
