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La crisis eleva los hurtos, el fraude y las pensiones sin pagar

Las diligencias incoadas por el fiscal bajan un 10% en general, sobre todo por los juicios rápidos.

el 20 jun 2011 / 21:01 h.

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El Fiscal Superior de Andalucía presentó ayer la memoria a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves.

Aunque no está directamente relacionado con el índice de criminalidad, ya que muchas de las diligencias abiertas por la Fiscalía son archivadas o quedan en juicios de faltas, sí resulta significativo el descenso del 10% registrado en los procedimientos incoados por el Ministerio Público, que el año pasado rondaron el millón, según la memoria anual que ayer presentó en el Parlamento el Fiscal Superior de Andalucía , Jesús García Calderón.

Entre otros factores, lo atribuyó a la efectividad de los juicios rápidos en delitos como los de tráfico, pero alertó de que ello ha traído consigo un nuevo problema: la dificultad para ejecutar el volumen de sentencias dictadas, sobre todo en el ámbito penal. En muchos casos, el problema es la cantidad pero en otros, como los delitos urbanísticos y de siniestralidad laboral, falta especialización e infraestructuras y medios para aplicar sentencias complejas, reconoció.

La reivindicación de más medios técnicos -sobre todo espacio físico y herramientas informáticas actualizadas- y humanos centró gran parte de la intervención de García Calderón ante la comisión parlamentaria de Justicia, unas demandas que reconoció "endémicas". El fiscal dijo ser "sensible" a las dificultades presupuestarias en estos tiempos de crisis, pero también recordó que el Ministerio Público ha sido tradicionalmente un ejemplo de "austeridad".

Para ello, instó a cumplir el mandato estatutario que prevé que el presupuesto de la Fiscalía aparezca singularizado en las cuentas andaluzas. Eso permitiría ver la diferencia de medios con la que trabaja su departamento que, entre otras cosas, solo aglutina al 8% de los 7.500 funcionarios de justicia. Insistió en pedir una unidad de apoyo y plantilla propia más allá de refuerzos puntuales.

"La Fiscalía Superior de Andalucía vive una situación de provisionalidad que no es lógica tres años después de su creación", dijo.Pese a estos problemas, los fiscales andaluces han hecho su trabajo y la memoria refleja que mientras unos delitos han bajado, otros han crecido vinculados a la crisis.

Es el caso de los hurtos y pequeños robos, los impagos de pensiones a hijos o exparejas tras los divorcios o el fraude inmobiliario. Con todo, García Calderón resaltó la importancia que cobra la persecución del fraude en estos momentos y alabó la labor "discreta y por tanto eficaz" desarrollada por Anticorrupción con "admirablide imparcialad". Para las delegaciones andaluzas de esta área también reclamó más medios y recordó que toda inversión en este departamento revierte en las arcas públicas por cuanto permitirá la recuperación de fondos sustraídos por el crimen organizado y la corrupción.

En el análisis provincial, algunas Fiscalías detallan delitos específicos de su territorio, como los secuestros de inmigrantes irregulares para pedir dinero a sus familias en Almería o el narcotráfico en Cádiz, donde además del habitual tráfico de hachís se ha disparado el de cocaína, antes residual. En Málaga, tras años de descenso, han repuntado los homicidios, y en Huelva o Córdoba destaca el aumento de los delitos contra la ordenación del territorio.

El ladrillo ilegal sigue impune

Los fiscales insisten en la "terrible sensación de impunidad" que rodea a los delitos urbanísticos, ya que los promotores de casas ilegales no suelen tener antecedentes y con "escasísimas multas" se salen con la suya. Los jueces eternizan, cuando no paran, los derribos. Arremeten contra la tendencia de los ayuntamientos a "regularizar mediante actos irregulares" la ilegalidad de casas a las que dan escrituras para acceder al registro.

Menores infractores de buena familia

Egocéntricos, materialistas, sin habilidades sociales y con problemas de fracaso escolar, drogas o salud mental. Es el perfil de los menores infractores que, cada vez más, proceden de familias estructuradas, con un repunte entre las chicas. Los delitos de lesiones a personas, seguidos de hurtos y robos con fuerza, son los más frecuentes, y la libertad vigilada la medida más habitual. Los fiscales reclaman trabajar con la familia y reducir los casos judicializados, pero advierten de la falta de respuesta penal cuando delinquen antes de los 14 años (2.091 expedientes en 2010).

Menos accidentes laborales por el paro

El parón de la construcción tiene un lado positivo, la reducción de accidentes. La Fiscalía abrió el año pasado 50 causas por homicidio, 4.729 por lesiones y 30 por riesgo. Destaca la problemática de las víctimas ilegales sin contratos, donde deben basarse en testigos difíciles de hallar.

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